lunes 23/5/22

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el día 27 de marzo una Resolución en la que se respalda la integridad territorial de Ucrania y en consecuencia se considera ilícitas tanto la secesión de Crimea como su posterior anexión por Rusia.

A este respecto conviene recordar, en primer lugar, que las resoluciones del órgano plenario de la ONU no tienen fuerza vinculante para los Estados miembros, tan solo poder recomendatorio, puesto que el poder decisorio se reserva en esta organización al Consejo de Seguridad y sólo respecto de las situaciones consideradas como amenazas o quebrantamientos de la paz y la seguridad internacionales. Por lo tanto que la Asamblea General haga un llamamiento a la comunidad internacional para que no se reconozca esta anexión es –en términos jurídicos- sólo una recomendación. Debemos ser conscientes, en este sentido, de que la resolución realmente relevante en el plano jurídico es la que eventualmente adopte al respecto el Consejo de Seguridad, aunque, como en este órgano restringido hay derecho de veto de las cinco grandes potencias fundadoras, es imposible que veamos una decisión condenatoria de una de ellas. Lo único positivo de la amenaza de veto que está ejerciendo Rusia desde hace semanas es que mientras que el Consejo no decida nada, podrá actuar subsidiariamente la Asamblea, pero eso sí, sólo en términos meramente recomendatorios.

No obstante, no se puede obviar que la Asamblea General es el único foro universal con competencias –aunque ligeras- en materia de paz internacional. Esta universalidad implica sin duda alguna que sus pronunciamientos, por muy recomendatorios que sean, identifican la posición de la mayoría de los Estados, eso que llamamos impropiamente comunidad internacional. Posiblemente según criterios de oportunidad política, porque es un órgano en el que están representados los Gobiernos de los Estados. Y seguramente de forma no necesariamente representativa de la opinión pública mundial, no sólo porque habría que sumar no sólo los votos sino también las poblaciones, sino principalmente porque no todos los Gobiernos son representativos de éstas en términos democráticos. Pero en cualquier caso, su opinión mayoritaria se aproxima mucho a una postura global.

En este sentido, conviene puntualizar dos cuestiones relativas a la resolución aprobada ayer. La primera es sólo de imagen, pero importante: Rusia ha votado en contra y sólo ha recibido el respaldo expreso, en forma de votos negativos, de otros diez Estados. No son sólo muy pocos frente a los cien votos afirmativos (y quizás demasiadas las abstenciones, 58) sino que alinea a Rusia con lo más selecto de los regímenes “parias” del mundo: Armenia, Bielorrusia, Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Nicaragua, Sudán, Siria, Venezuela y Zimbabwe. Si las ambiciones de Vladimir Putin son  realmente recuperar la condición de superpotencia para su país, me da la impresión que el camino para ello no es precisamente aparecer en la misma foto que Aleksandr Lukashenko, Nicolás Maduro, Raúl Castro, Kim Jung-un, Robert Mugabe, Bashar Al-Assad y Omar Al-Bashir, todos ellos adalides de los derechos humanos y de la democracia e incluso este último con una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes de guerra.

Y la segunda cuestión es de fondo. Comentaba en mi última colaboración que el régimen jurídico internacional es muy inflexible en lo que se refiere a la adecuación de las fronteras de los Estados a la homogeneidad de sus poblaciones, y abogaba por su modificación para arbitrar mecanismos pacíficos que asegurasen esa coherencia, no sólo como una expresión del derecho de libre determinación de los pueblos sino también como una medida para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Me reafirmo en ello, pero entiéndase que en todos sus términos. Entre ellos que se modifique el ordenamiento jurídico internacional y que los nuevos procedimientos sean siempre pacíficos.

En este contexto, la anexión rusa de Crimea puede justificarse políticamente porque la población de ese territorio sea mayoritariamente rusa y sea originaria de Rusia desde época muy reciente -siendo de hecho territorio ruso anteayer- y porque se han pronunciado en referéndum a favor de su “secesión-para-integrarse-en-Rusia”. Aunque ciertamente no se puede obviar que la mayoría rusa es debida a una repoblación programada desde Moscú después de un proceso de limpieza étnica de la población originaria tártara, cuestión de la que no es responsable la actual población de Crimea pero sí Rusia, por lo que chirría que pueda beneficiarse de un ilícito previo.

Pero estas circunstancias políticas y sociales no deben estar por encima de las condiciones jurídicas, al menos si pretendemos que el orden internacional responda a los criterios básicos de un Estado de Derecho y por tanto esté sometido a la legalidad. Y aunque no estemos de acuerdo con esta idea (como buena parte de los Gobiernos y no sólo los diez que apoyaron a Rusia en esa votación) siempre habrá que cumplir las normas básicas del ámbito internacional, comunes, incuestionables y generales, que denominamos normas imperativas, y que, entre otras cosas, exigen el respeto a la igualdad soberana de los Estados -y en consecuencia aseguran la independencia política y la integridad territorial de los Estados- e imponen la obligación de resolver las controversias de forma pacífica, prohibiendo el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Y en este caso hay que tener en cuenta que Crimea, aunque es titular del derecho de libre determinación conforme a la Resolución 2625 (1970) de la Asamblea General, no puede ejercerlo salvo que su población sea discriminada y se le impida el acceso a los órganos de gobierno. Esa misma Asamblea General -la que reconoció ese derecho a todos los pueblos y no sólo, como hasta 1970, a los sometidos a dominación colonial o por la fuerza- es la que ahora le niega la condición formulada para  poder ejercerlo. Rusia alega, por el contrario, que se discriminaba a la población pero lo cierto es que si bien en las primeras horas el nuevo Gobierno de Kiev prohibió la lengua rusa, fueron suficientemente hábiles para revocarlo inmediatamente. Y desde luego, las restricciones a la autonomía de Crimea ni son imputables a este nuevo Gobierno, puesto que vienen de años antes, ni son relevantes a estos efectos puesto que el ordenamiento internacional no prescribe la obligatoriedad de dotar de autonomía política a los pueblos integrados en los Estados.

Por último, Rusia ha utilizado la fuerza para quebrantar la integridad territorial de Ucrania. No puede negarlo, porque, al margen de otras consideraciones, es evidente que las fuerzas establecidas en las bases militares de Crimea incumplieron el acuerdo celebrado con Ucrania  y  este comportamiento supone por sí mismo un acto de agresión, puesto que la Resolución  3314 (1974) de la Asamblea General entiende como tal también “la utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de la condiciones establecidas en el acuerdo”.

José Antonio Perea Unceta

Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales UCM

Crónicas ucranianas (segunda parte)
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