Esta es la evolución natural, del ciudadano, que aunque reivindicado por la civitas romana, no ha dejado en el curso de la historia, de ser dependiente de otros ciudadanos; las elites: jefes de tribu, reyes, emperadores, políticos, que han formado desde siempre el status estatal del Estado Leviatán, paralelamente a la organización privada de la economía, en la que en distintos niveles, figuran propietarios agrarios, pequeños, grandes y latifundistas, propietarios de fincas urbanas de todas las categorías, empresarios autónomos o de empresas pequeñas, medianas y grandes, inversores, banqueros etc.
Desde los albores de la civilización, la figura del ciudadano ha sido una piedra angular en la configuración de las sociedades, evolucionando a través de las épocas bajo la sombra omnipresente del Estado Leviatán. Este concepto, popularizado por Thomas Hobbes en su obra «Leviatán», describe un estado todopoderoso creado para proteger a las personas de sí mismas, manteniendo el orden y la paz a cambio del sometimiento de la libertad individual. Sin embargo, este contrato social no ha sido uniforme ni equitativo a lo largo de la historia, siendo moldeado y dominado por diversas elites.
En las primeras sociedades, los jefes de tribu eran los encargados de dirigir y proteger a sus miembros, estableciendo las primeras dinámicas de poder. Con el paso del tiempo, estas figuras evolucionaron hacia reyes y emperadores, quienes consolidaron aún más su poder, a menudo a expensas de la libertad individual de los ciudadanos. Estas figuras monárquicas o imperiales no solo centralizaron el poder, sino que también crearon sistemas jerárquicos y burocráticos que perpetuaban su dominio.
Paralelamente, la organización de la economía privada jugó un papel crucial en la evolución del ciudadano. En el ámbito agrario, los propietarios de tierras ejercían un control significativo sobre los recursos y, por ende, sobre la población que dependía de ellos para su subsistencia. Esta estructura no era solo una manifestación de poder económico, sino también un reflejo de la estratificación social y política. Los latifundistas y grandes propietarios agrícolas, así como los propietarios de fincas urbanas, formaron una clase aparte que podía influir en las políticas y en la dirección del Estado.
En el sector urbano, la situación no era muy diferente. Los empresarios, ya fueran de pequeñas empresas o grandes corporaciones, y los inversores y banqueros, configuraron otra faceta del poder económico. Su capacidad para generar empleo y riqueza les otorgaba una influencia considerable, que frecuentemente se traducía en poder político. A través de la historia, hemos visto cómo estas figuras económicas han podido mover los hilos del poder estatal, influyendo en la legislación y en la política económica para favorecer sus intereses.
A pesar de estas dinámicas de poder, la figura del ciudadano ha experimentado momentos de significativa reivindicación y lucha por sus derechos. Las revoluciones y los movimientos sociales a lo largo de la historia han sido testimonio de los esfuerzos por redefinir el contrato social y reclamar un espacio más justo dentro del Estado Leviatán. Estos movimientos han buscado disminuir la brecha entre las elites y la ciudadanía general, demandando una distribución más equitativa del poder y los recursos.
En conclusión, la evolución del ciudadano dentro del Estado Leviatán ha sido una interacción constante entre sometimiento y resistencia. Las elites —ya sean políticas o económicas— han jugado un papel fundamental en la configuración de este estado, moldeando las estructuras bajo las cuales los ciudadanos operan y viven. La historia nos enseña que el equilibrio entre autoridad estatal y libertad individual es delicado y siempre en evolución, reflejando la eterna lucha por el poder y la justicia dentro de la sociedad.
Naturalmente los primeros, han vivido progresivamente de los segundos, utilizando la mano de obra disponible, pagando nada, poco, lo menos posible o solo bien a los destacados, que en una economía liberal, se han hecho necesarios para obtener beneficios, con los que seguir alimentando la maquinaria empresarial económica o financiera, que es la que paga los impuestos, mientras va creciendo progresivamente a través de la historia el sistema parasitario estatal, que se hace necesario teóricamente, para distribuir la riqueza de las naciones, que a su vez retroalimenta al sistema con impuestos, redoblados, a los funcionarios, parados, subvencionados, jubilados, discapacitados o pobres de solemnidad, en forma de bola de nieve, o alud en el que se va desequilibrando la balanza, hasta llegar a extremos impositivos, como los de Francois Hollande en 2012 a los ricos que llegaron al 75% del beneficio, por lo que Depardieu se hizo ruso. En realidad, de la riqueza que producen las empresas el Estado se lleva mucho más, pues con el IVA(invento del diabólico Giscard D´Estaing), el IRPF, los gastos sociales, las tasas, los impuestos en cascada, los impuestos sobre los beneficios, los impuestos anuales personales y no olvidemos las deudas que contrae el Estado en nombre de todos, a repartir cuando toque, pienso que cerca del 60%, y yo llegué a calcular, cuando yo era empresario, que apenas me quedaba un triste 5% del total anual, que era capaz de mover, con mi esfuerzo y mi inversión.
En el debate económico actual, una de las cuestiones que más preocupan a los empresarios es la percepción de que el Estado absorbe una parte considerable de la riqueza generada por las empresas a través de diversos tipos de impuestos y contribuciones. Esta preocupación es compartida por muchos quienes, como el autor de la reflexión inicial, calculan que, de la riqueza generada, un porcentaje significativo termina en las arcas estatales, dejando un margen de beneficio neto relativamente bajo para los que invierten y toman riesgos.
Primero, es fundamental comprender el espectro de impuestos que afectan a las empresas. Entre estos se incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aplicado a los autónomos y empresarios individuales, impuestos sobre beneficios corporativos, y diversas tasas y contribuciones sociales que financian sistemas como la seguridad social y la infraestructura pública. A esto se le suman los impuestos en cascada que gravan múltiples etapas de producción y distribución, haciendo aún más complejo el panorama fiscal para el empresario.
Un elemento crucial que menciona el interlocutor es el efecto del endeudamiento estatal. Las deudas que contrae el Estado eventualmente necesitan ser financiadas, lo cual a menudo resulta en incrementos fiscales o en la creación de nuevos impuestos que indirectamente afectan a las empresas y a su capacidad para generar empleo y crecimiento.
La experiencia compartida de que solo un 5% de la riqueza generada queda en manos del empresario merece una reflexión profunda. Esta cifra, aunque pueda variar según el sector y la estructura empresarial, resalta una preocupación significativa sobre la sostenibilidad de operar un negocio bajo altas cargas fiscales. Este escenario plantea preguntas sobre la viabilidad de la iniciativa privada como motor de crecimiento económico y desarrollo cuando la mayor parte de los ingresos se destinan a cumplir con obligaciones fiscales.
El alto nivel impositivo no solo afecta la rentabilidad, sino también la capacidad de las empresas para invertir en innovación, expansión y en la mejora de condiciones laborales. Además, puede desincentivar la creación de nuevas empresas y, por ende, la generación de empleo. En un contexto globalizado, donde el capital puede desplazarse con relativa facilidad, los países con sistemas fiscales percibidos como excesivamente gravosos podrían perder atractivo como destinos de inversión.
Frente a este panorama, es imperativo analizar reformas fiscales que puedan equilibrar la necesidad de financiar los servicios y obligaciones estatales con la necesidad de crear un entorno favorable para los negocios. Esto podría incluir la revisión de las estructuras impositivas para eliminar impuestos redundantes o en cascada, aumentar la eficiencia en el gasto público, y fomentar políticas que apoyen más directamente a la innovación y el emprendimiento.
Mientras que los impuestos son necesarios para financiar servicios públicos esenciales, el equilibrio debe ser cuidadosamente gestionado para no sofocar la capacidad empresarial de generar riqueza y empleo. El testimonio de un empresario que siente que solo un pequeño porcentaje de su esfuerzo y capital se traduce en ganancias personales, es un llamado a reconsiderar y posiblemente reformar, nuestro sistema fiscal para fomentar, en lugar de obstaculizar, el espíritu empresarial y la innovación económica.
Nada tiene pues, de extraño que exista el mercado negro (libre de impuestos), los paraísos fiscales, o las SICAV, en un intento desesperado de los que progresan de no ser expropiados manu militari, ¿A quién le interesa ahorrar, si va a ser sobre lo ahorrado que el Estado va a intentar vivir?. Ahora que han cerrado millón y medio de empresas gracias a las sucesivas crisis y que el Estado con déficit fiscal, sube las Tasas, los IBIS (expropiación de lo ahorrado en bienes raíces). Una cosa es pagar impuestos sobre beneficios o rentas o ingresos, y otra que si lo guardas, vengan a quitártelo con diez mil pretextos: plusvalías teóricas, pasos de carruajes, multas, o tan simplemente haciendo inflación con las deudas estatales, autonómicas o locales, que reducen drásticamente, lo tan costosamente ahorrado, cuando no te estafan directamente, con las preferentes u otros productos de dudosa legitimidad como las loterías; la estafa publica más denigrante, por vivir de un vicio del ciudadano, a quien ilusionan con la tremenda injusticia, de que uno o pocos, se lleven parte del dinero de muchísimos otros, sin ningún especial mérito, salvo el de la caprichosa suerte.
Hasta aquí defiendo a los empresarios quienes, deben ser el ariete de nuestra economía, que ante unas leyes laborales, tremendamente faltas de libertad, con unos sindicatos sinvergüenzas que parasitan a las clases obreras, y unas leyes subvencionadoras y falsamente protectoras de los obreros , hoy ya por lo general de cuello blanco, que han propiciado el interés por el cambio de empresa, a través del cobro del paro, mientras había demanda de puestos de trabajo, pero sobre todo, lo que ha constituido la desgracia, de la mayoría de los empresarios medianos y pequeños, el pago de indemnizaciones de 45 días, mas tarde de 20, cuando han necesitado reducir su plantilla para adaptarse a la crisis. Para ello no había ni reservas, que debían de haber sido obligatorias en el Plan contable nacional, ni seguros que les permitieran hacer frente, a veces a cantidades imposibles de pagar, para empresas en neto declive, mientras que los trabajadores, solo pensaban en cobrarlas, por su elevada cuantía, suscitando el cierre y la quiebra de las mismas, cuando no del dinero de la empresa que no lo había, lo han hecho del FOGASA, y no siendo empresarios las han utilizado para crear miles de bares, restaurantes, tiendas o invertido en bienes inmuebles, que por lo general han quebrado, dada su inexperiencia. Hoy, no tienen, ni empresa, a la que arruinaron y llevaron a la quiebra, ni trabajo ni ahorro.
Yolanda Díaz y el obsceno maquillaje del paro: un millón de personas sin trabajo en el limbo de la propaganda oficial. Cuando había 50.000 fijos discontinuos, la izquierda hablaba de precariedad y desempleo encubierto. Ahora son más de 800.000 y hay más de un millón que no trabajan y desean hacerlo, pero contabilizan como inactivos. Todos nos acordamos de aquel vídeo viral en el que Yolanda Díaz intentaba explicar por qué los ERTE no eran parados y terminaba por reconocer que percibían prestación por desempleo y no estaban trabajando. Eso sí, se apuntó como suyos unos ERTE que se crearon en 1995 y cuya flexibilización -que la izquierda rechazó en el congreso, no olvidemos- se aprobó en la reforma laboral de 2012, punto VI. Todos sabemos que este gobierno se ha dedicado a apuntarse cosas que no ha conseguido, pero la propaganda con el tema del paro es obscena, especialmente cuando viene de políticos que se presentan públicamente como los que se preocupan por las personas. En la actual coyuntura política y social de España, el tema del desempleo y su gestión se ha tornado un punto nebuloso, especialmente bajo la administración de Yolanda Díaz. La retórica oficial y las estadísticas del paro presentan un escenario que demanda un examen crítico, particularmente cuando se considera el creciente número de fijos discontinuos y la categorización de ciertos grupos como inactivos.
Históricamente, la problemática del desempleo ha sido una piedra angular en el discurso político de la izquierda española, enfatizando la precariedad laboral y la inseguridad que enfrentan los trabajadores. Sin embargo, en un giro notable, la administración actual parece haber adoptado una perspectiva diferente, especialmente en lo que respecta a la manipulación de las cifras del paro para reflejar una imagen más favorable.
Uno de los elementos más controvertidos ha sido el manejo y la presentación de los fijos discontinuos y los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Tradicionalmente, estos grupos eran citados como ejemplos de inestabilidad laboral, pero bajo la óptica actual, parecen haber sido relegados a un segundo plano en la narrativa oficial. Hoy en día, el número de fijos discontinuos ha escalado a más de 800,000, un aumento significativo que plantea interrogantes sobre la verdadera salud del mercado laboral español.
La situación se complica aún más con la inclusión de más de un millón de personas que, aunque deseando trabajar, son clasificadas como inactivos. Este manejo estadístico no solo distorsiona la realidad del desempleo en España, sino que también deja en la sombra a un amplio sector de la población que se encuentra en un limbo laboral, sin oportunidades claras de integración efectiva en el mercado de trabajo.
El uso de los ERTE también ha sido motivo de debate. A pesar de que Yolanda Díaz y su equipo se han atribuido el mérito de este mecanismo, es crucial recordar que los ERTE fueron implementados inicialmente en 1995 y modificados en la reforma laboral de 2012, mucho antes de que la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social asumiera su cargo. El intento de presentar estos programas como un logro reciente ilustra una tendencia preocupante hacia la reescritura de la historia laboral y económica del país para fines políticos.
Este tipo de estrategias no solo genera confusión entre la ciudadanía, sino que también plantea serias preguntas sobre la integridad de las políticas públicas que se implementan. La discrepancia entre la retórica de preocupación por el bienestar de los trabajadores y las acciones que efectivamente se llevan a cabo puede percibirse como un uso obsceno de la propaganda política.
Ante esta situación, es fundamental que los ciudadanos demanden transparencia y honestidad en la presentación de las estadísticas de empleo. Comprender la realidad del mercado laboral es esencial para formular políticas que realmente aborden las necesidades de todos los españoles, especialmente aquellos en situaciones de precariedad laboral. Solo a través de un diálogo abierto y basado en datos fiables se pueden superar los desafíos actuales y construir un futuro laboral más estable y seguro para todos.
Volviendo al inicio, a los ciudadanos, esclavos, siervos, proletarios, funcionarios y parados, se les había olvidado un pequeño detalle, que la economía en que se sustentaban, ha dejado de tener territorialidad nacional, gracias a la globalización y que había otras naciones (los BRIC, Brasil, Rusia, India y China) donde sí que había esclavos, siervos y proletarios (incluso niños) dispuestos a trabajar por casi nada o por poco, y que con el adecuado I+D+i trasladado por los empresarios transnacionales, naturalmente sin escrúpulos, que dudo incluso de que lo comprendieran, en busca del máximo beneficio, han industrializado a esos países, provocando crecimientos superiores al 10% del PIB y siendo, como son unos 4.000 millones, de los 7.500 que habitamos la Tierra, ellos se han llevado el trabajo que ahora ya no tenemos los occidentales, que seguimos empeñados en vivir como ricos, el Welfare State. De ahí los recortes y la pobreza invasiva, con el trabajo, se han llevado nuestro dinero, con lo que ahora, son ellos los que financian las deudas de USA y de Europa. ¿Qué ocurrirá cuando descubran que no podemos pagarles? Que nuestras estructuras sociales, que no habían previsto el revolcón y que aun muchas, ni se han enterado, ya no soportan, ni parados, ni jubilados, ni indemnizaciones, ni sanidad, ni educación, ni Ongs, ni subvenciones. Es decir, que lo que están en quiebra, son nuestros países, y que por mucho que alarguemos los pagos, nunca lograremos pagar lo derrochado. ¿Entonces qué? Todos los cracks económicos han acabado en guerras ¿Ocurrirá ahora lo mismo?
De lo único que me alegro, es de que la Corrupción con mayúsculas, que ha invadido España los últimos 46 años, desde el inicio de la Transición, también ha entrado en quiebra, y ahora empiezan pagar algunos de los corruptos, pero no todos, como Pedro Sánchez y su mujer Begoña.
En un mundo interconectado y dependiente de sistemas económicos frágiles, la actual crisis financiera que atraviesa Occidente plantea interrogantes sobre el futuro inmediato de la estabilidad global. Las naciones, ahogadas en deudas insostenibles, enfrentan un dilema crítico que podría redefinir las relaciones internacionales y los sistemas políticos internos.
El Escenario de la Deuda. Estados Unidos y Europa, tradicionalmente vistos como bastiones de estabilidad económica, ahora se encuentran en una posición de vulnerabilidad creciente. El financiamiento de sus deudas se ha convertido en una carga para países con economías emergentes, que, con sus propios recursos financieros, sostienen estos déficits. La pregunta que surge con fuerza es: ¿Qué sucederá cuando estos países acreedores reconozcan la imposibilidad de recuperar sus préstamos?
Las estructuras sociales en países endeudados están al borde del colapso. Sistemas de bienestar como la sanidad, la educación y las pensiones ya no pueden sostenerse bajo el peso de la austeridad y la falta de inversión. La pérdida de apoyo a estas áreas esenciales no solo desencadena una crisis social, sino que también alimenta el descontento civil y la inestabilidad política.
España, como caso particular, ilustra cómo la corrupción ha exacerbado la crisis económica. Durante décadas, el enriquecimiento ilícito y el mal manejo de recursos públicos han minado la confianza en las instituciones y han limitado severamente la capacidad del estado para responder a las necesidades de su población. Aunque algunos corruptos comienzan a enfrentar la justicia, la percepción de impunidad sigue siendo alta, afectando negativamente la cohesión social y la confianza en el sistema político.
Históricamente, las crisis económicas profundas han precipitado conflictos a gran escala. Si bien es imposible predecir con certeza, el creciente descontento global y la competencia por recursos limitados podrían incrementar las tensiones internacionales. El mundo podría ver un incremento en guerras comerciales, disputas territoriales y, en el peor de los casos, conflictos armados, como mecanismo de los estados para desviar la atención de los problemas internos y consolidar el poder interno.
Estamos, pues, en un momento crítico de la historia moderna, donde las decisiones que tomemos como sociedades determinarán si caemos en la repetición de los errores del pasado o si, por el contrario, encontramos un camino hacia la resolución pacífica de nuestras crisis. La cooperación internacional, la transparencia gubernamental y un compromiso renovado con la justicia económica y social podrían ser clave para evitar un futuro marcado por el conflicto y la división.
Mientras que los problemas son globales y complejos, las soluciones requieren un compromiso honesto y colaborativo entre todas las naciones. Está claro que la supervivencia de nuestras estructuras sociales y la estabilidad mundial dependen no solo de enfrentar la corrupción y gestionar las deudas, sino también de reinventar nuestras economías de manera que prioricen el bienestar humano sobre los intereses económicos a corto plazo. Se ha acabado el “chollo”. Ya no hay, de donde sacar, pues no se pueden hacer obras públicas, ni licencias de construcción, aunque todavía. hay concesiones administrativas como las ITV, gasolineras, la hora, y algunos que otros permisos, por los que pagarían gustosos los adjudicatarios. Lamento disentir del discurso oficial del Rey: Libertad y Democracia. Ni la Una ni la Otra. España fue y deberá ser otra cosa, y desde luego no, una Nación de siervos.