La política energética del Gobierno tiene bastantes puntos flacos, pero uno de ellos, muy manoseado en las últimas semanas, es el relativo al papel del carbón en la cobertura de nuestras necesidades energéticas. El problema era tradicionalmente económico (el carbón español era muy caro y sólo las elevadas subvenciones pueden mantener la producción, alimentadas con el argumento de que se trataba de un combustible autóctono cuya producción reducía nuestra dependencia energética frente al exterior), pero ha sido también un serio problema social debido al empleo que ocupaba, si bien en los últimos años la minería del carbón ha ido reduciendo empleo hasta menos de 6.000 personas en toda España, es decir, menos que alguna planta automovilística. Un tercer motivo se ha unido a los dos anteriores con la entrada en vigor de la segunda fase del Protocolo de Kyoto, que pone precio a las emisiones contaminantes (hay que pagar por echar CO2 a la atmósfera), lo que ha terminado por relegar al carbón a un puesto bastante engorroso en las prioridades energéticas del país.
No así en las prioridades políticas. Resulta que el primer productor nacional de carbón ya es León, en donde han tomado la antorcha de la mitología revolucionaria izquierdista para exigir el mantenimiento de este producto a toda costa, amparándose en el elevado coste social que supondría su abandono en algunas comarcas. El resto de la minería del carbón en España radica en Asturias, Teruel y un poco en Ciudad Real y en Córdoba. Los mineros leoneses han encontrado para apoyar sus demandas un padrino de excepción, nada menos que el presidente Zapatero, que se ha convertido en el principal valedor de la supervivencia de este segmento de la producción nacional, lo que choca de bruces con la racionalidad económica. Más aún, choca de plano con el slogan quizás más querido, manoseado y demagógicamente utilizado por el presidente, el de la economía sostenible, que en el caso de la energía se ha traducido en su rechazo frontal a lo nuclear, pero no al carbón, que realmente es la fuente de mayor contaminación, con diferencia, de la industria española.
Las dos almas de Zapatero viven desde hace algún tiempo el drama de este enfrentamiento fratricida: cómo defender los postulados de Kyoto y la economía sostenible, duplicando al tiempo las subvenciones al carbón leonés (y por extensión, del resto de España), una máquina de fabricar contaminación (CO2) que, además, ahora hay que pagar, a razón de 20 euros por tonelada lanzada al aire. Son dos postulados abiertamente enfrentados y que la Comisión Nacional de la Energía (organismo en principio independiente, aunque sus principales cargos han sido designados por el actual Gobierno) ha puesto contra la pared con un demoledor diagnóstico, en el que recomienda vivamente que no se adopte semejante despropósito de ayuda masiva al carbón además de ponerle un precio: 2.000 millones de euros que naturalmente se repartirán entre los usuarios de la electricidad a través del correspondiente aumento de las tarifas eléctricas. La decisión del Gobierno de forzar a las compañías eléctricas a consumir carbón nacional es posiblemente la medida económica más alejada de la racionalidad y más sectaria adoptada en España en los últimos años.
El carbón ha sido la principal fuente de producción eléctrica española durante muchos años, compitiendo con la energía que producen los pantanos y también con la electricidad de origen nuclear. Pero desde principios del año 2008, el uso del carbón ha empezado a descender casi en picado por el elevado coste que implica cumplir el Protocolo de Kyoto, que impone una sanción de 20 euros por tonelada de CO2 vertida a la atmósfera. Y el carbón es posiblemente el más contaminante de los combustibles, en especial el carbón que se produce en España, que es de calidad más bien baja, además de tener unos costes de extracción netamente superiores a los de algunos grandes exportadores que nos abastecen. Hace muchos años que importar carbón es bastante más barato que consumir el autóctono, debido a la dificultosa localización de las capas carboníferas españolas, subterráneas y de elevada dispersión. De acuerdo con los últimos datos, el carbón de importación viene a representar un 60% del carbón consumido por las centrales españolas. Es decir, el argumento según el cual el carbón era un bien autóctono que ayudaría a la autonomía energética española no se corresponde ya con la realidad desde hace bastante tiempo. Además, el carbón en conjunto (nacional y de importación) representa apenas un 16% de la electricidad española. Es decir, menos que la energía nuclear (un 21%) y este año posiblemente menos que la energía eólica.
¿Qué hacer con el carbón? Zapatero tiene un serio problema político, no tanto en votos (ya que la minería en León es un segmento bastante minoritario de la población y en conjunto no inclina ninguna balanza electoral de un lado o de otro) sino en coherencia y sobre todo en el plano económico. Mantener la minería del carbón implica un coste muy elevado para un país como el nuestro que deberá mirar hasta el céntimo lo que gasta en los próximos años y que, por lo tanto, hará bien en huir de toda veleidad electoralista. Habrá que buscarle un plan social adecuado a la población que vive de las minas. Ya se hizo en Asturias con muchos miles de empleos en los últimos años, reduciendo el problema social de la minería del carbón a sus estrictas dimensiones y, sobre todo, evitando incurrir en unos costes excesivos que el país no podía permitirse. Es mucho más barato mantener cerradas las minas y pagar las nóminas al completo que mantenerlas en producción. La minería del carbón no es un sector de futuro y no desde luego no es una solución que ningún minero quiera para sus hijos.
