EXPLOTACIÓN POLÉMICA EN LA SIERRA DE ÁVILA

La especulación planea sobre una mina de feldespato

El proyecto de la explotación minera en la sierra de Ávila esconde un posible intento de especulación, un giro radical en la postura de la Diputación Provincial y a un alto cargo del IGME señalado como guía de las empresas que pretenden lucrarse con la minería

Las poblaciones cercanas al proyecto minero muestran su rechazo.
Las poblaciones cercanas al proyecto minero muestran su rechazo.
La especulación planea sobre una mina de feldespato

El futuro de la sierra de Ávila está en las manos de una compañía con un capital de 3.010 euros, de una Diputación que todavía no sabe de qué lado situarse y de un estudio de impacto medioambiental que debe dictaminar la viabilidad de un proyecto que lleva parado desde 2008. La empresa Antonio y Javi SL, con sede en Madrid, podría vender sus derechos de explotación sobre un terreno situado en la Sierra de Ávila a otra compañía al no poder afrontar el coste de los trabajos de rehabilitación de la zona una vez acabe la actividad minera. Estas tareas de saneamiento del terreno tienen un coste cercano a los 30.000 euros. Es decir diez veces más que el capital de la compañía adjudicataria de los derechos de explotación.

Por este motivo, ninguno de los afectados entiende que Antonio y Javi SL, una empresa con un capital social de 3.010 euros, y dedicada al Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco sea la adjudicataria de los derechos de explotación minera de una zona de la sierra abulense. De hecho, los primeros que no tienen claro cuál es el papel que juega esta sociedad limitada en el proyecto son los propios políticos. 

“Nos preocupa mucho que un proyecto de mina de feldespato de esta magnitud sea explotado por una empresa sin la suficiente solvencia económica”, señaló el pasado 4 de noviembre la procuradora abulense de Ciudadanos en la Cortes de Castilla y León, Belén Rosado. El capital social de Antonio y Javi SL preocupa, y mucho, a la formación naranja. “Hay que tener en cuenta además todo el proceso de restauración de la zona que traería un proyecto de esta magnitud”, alertó Rosado. Por todos estos motivos, la procuradora lanzó una pregunta a las Cortes: "¿Considera la Junta de Castilla y León que la empresa promotora del proyecto, con un capital social de sólo 3.000 euros,  pueda constituir un aval o un depósito u otra garantía suficiente para restaurar la zona afectada?".

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Ante el revuelo mediático formado han sido multitud las alegaciones presentadas para abortar el proyecto. El plazo acababa el 5 de noviembre y hasta la propia Diputación de Ávila ha terminado de oponerse a la explotación minera. Esta postura ha creado un cierto desconcierto entre los miembros de la plataforma ‘No a la mina de la Sierra de Ávila’ porque en un principio la Diputación dijo que "no podía pronunciarse porque sí no estaría cometiendo prevaricación". Pero como reza el refrán: donde dije digo, digo Diego y al final la Diputación ha presentado alegaciones técnicas al proyecto al entender que el estudio de impacto medioambiental realizado por la empresa Promiex era deficiente.

La Diputación Provincial alega, entre otros motivos, el rechazo social que este proyecto ha generado en la población de los municipios afectados. En este punto realiza especial hincapié en la preocupación sobre las posibles afecciones a la salud que podría originar dicho proyecto en la ciudadanía cercana a la mina. La Administración llega incluso a tildar de "increíble" el hecho de que en el estudio ni siquiera exista un apartado sobre la afección a la fauna que además es de obligada inclusión. Algo muy llamativo sí se tiene en cuenta que la zona está a 650 metros de la Red Natura 2000 ( red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad), que lo es gracias a la fauna fundamentalmente.

Muchos detractores del proyecto ven en estos argumentos de la Diputación una estrategia encubierta para informar a la empresa adjudicataria de los puntos que debe de cambiar para poder aprobar el estudio de impacto medio ambiental redactado por el ingeniero de Promiex, Francisco Sánchez Pérez. Aunque sí algo ha levantado sospechas entre los contrarios a la mina es la presencia de este último en las 'X jornadas abulenses de energía' organizadas por la propia Diputación Provincial. Es decir, la Administración crítica y califica de deficientes un estudio realizado por Sánchez Pérez, pero a su vez le invita para que desarrolle una ponencia sobre el marco normativo actual en el diseño, ejecución y seguimiento de una instalación geotérmica somera.

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Por último, también se ha puesto en duda el papel del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) o más bien el de uno de sus cargos. Se trata de José Manuel Baltuille, jefe del área de infraestructura minera y natural de Sanchorreja, una de las localidades afectadas por la mina a cielo abierto. Baltuille ha elaborado multitud de informes para universidades como la de Salamanca o la de Valencia donde recoge los puntos más proclives del territorio nacional para ejercer una explotación minera. Algo lícito, por otra parte. Por este motivo, algunos detractores del proyecto han visto en su figura al guía de las empresas que pretenden hacer negocio con la minería. Aunque en realidad no habría incurrido en ninguna ilegalidad.