Jueves 22.11.2018

Speedy Sánchez

Así, sin anestesia. Felicito al presidente del Gobierno y por extensión, a Pedro Sánchez (no vaya a ser que los desdoblamientos de personalidad desvelados por Carmen Calvo sean permanentes) por la diligencia en aclarar quién es el sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en la suscripción de hipotecas. Al menos alguien, en el entorno presidencial, está de guardia y atiende a la lógica de la política. La solución era de libro, pero uno lleva cincuenta años comprobando que las soluciones de libro no son tan evidentes para los políticos. Sería mezquino no reconocer el gesto.

Dicho esto por delante, queda mucho que decir, sin embargo, sobre esta materia. Lo primero, lo más evidente y a lo que merece la pena dedicar esfuerzos serios es a la calidad de las leyes que emanan del legislativo. Ya me ocupé de estos hace unas semanas. Tenemos una Comisión General de Codificación, tenemos una carrada de funcionarios en cada departamento a los que les es exigible que, como es el caso, no se olviden de especificar, con claridad meridiana, quién es el sujeto pasivo de un impuesto o cuál es el hecho imponible. También hay que decir que en los trámites parlamentarios hay que vigilar que las enmiendas que se admitan sirvan para mejorar los textos y no para oscurecerlos o desvirtuarlos a propósito.

Hace años que vengo proponiendo que las Comisiones del Congreso y del Senado velen por las leyes que dictaminan y hagan un seguimiento y evaluación de las mismas, para cerciorarse de que la intención del legislador no sólo no se desvirtúa, sino que realmente resuelve con la máxima eficiencia la casuística a la que van dirigidas. Nada más sensato y eficaz y barato que esto. Es trabajo para esos diputados a los que los partidos sólo los utilizan para contar sus votos.

Otro asunto es la solución adoptada por el Gobierno. Decidir si los paganos son los particulares o las entidades financieras son las dos opciones posibles, dando por hecho que la solución más sensata, la supresión del reiterado impuesto, parece imposible porque el maldito sistema de financiación de las comunidades autónomas es un bocado demasiado grande para un gobierno que cuenta con la cuarta parte de los diputados. Que inicialmente sean los bancos los que paguen es lo que todos esperan de un gobierno socialista, pero el mercado hipotecario libre que rige en España llevará de manera inexorable el coste real al precio final de la hipoteca. Un gol progresista que la oposición no ha olido, pero una ociosa e ilegitima apelación de Sánchez contra el Tribunal Supremo, que no es el autor de la Ley.

Otro de los efectos de esta crisis, tiene un carácter muy delicado, en tanto que atañe a un poder del Estado, el Poder Judicial. El caballo desbocado de la demagogia de Podemos les llevó a convocar de manera inmediata al conocimiento de la sentencia del Supremo manifestaciones y presiones contra los jueces. La rapidez de Sánchez puede haber neutralizado la convocatoria, pero no puede dejarse pasar la ocasión de denunciar este tipo de maniobras, sobre todo cuando el Tribunal Supremo tiene por delante tareas de muchísimo más fuste jurídico-constitucional. Podemos creyó haber encontrado un atajo, espero que sus aspavientos, esta vez, sean inútiles.

Pero seguimos siendo un país acomplejado, que es propenso a creer que somos y tenemos lo peor. En el día en que escribo, miércoles, he experimentado una gran decepción leyendo un artículo de un periodista al que respeto, Luis R. Aizpeolea. Para él, nadie puede dudar de la imparcialidad del Tribunal de Estrasburgo en el caso de Arnaldo Otegi. En consecuencia, todos deben dudar de la imparcialidad de los tribunales españoles que le juzgaron. Este feble argumento trata de reforzarlo, despreciando los datos objetivos (sentencias del Supremo y del Constitucional) y enfatizando la opinión de “la totalidad del abanico político del País Vasco, a excepción del PP”. Admito este mohín de desprecio a los tribunales españoles cuando no te dan la razón, pero es indemostrable que la decisión de Estrasburgo sea más ajustada a derecho que las dos precedentes españolas.

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