domingo, mayo 19, 2024
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El poder de la transparencia

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Agustín Vinagre Alcázar
Agustín Vinagre Alcázar
Agustín Vinagre Alcázar Diputado Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda

Según la OCDE, la transparencia es un concepto relacionado con la posibilidad de que la información real de una empresa, gobierno u organización puede ser consultada por los diferentes sujetos afectados por ella, de tal modo que éstos pueden tomar decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría de información.

Existe un amplio consenso en el mundo de que la transparencia es una parte determinante en los procesos democráticos. En este sentido, en democracias débiles hay poca transparencia y, en cambio, en los países de larga tradición democrática es donde se promueve la transparencia de la información, mejorando así la gobernanza y reduciendo la corrupción. Además, la transparencia del Gobierno disminuye la incertidumbre en la toma de decisiones, lo que puede favorecer, por ejemplo, la inversión extranjera en el país. Por tanto, podemos concluir que la demanda de transparencia tiene una relación directa con el desarrollo de las economías, es decir, un incremento de la transparencia, por lo tanto, puede ayudar al desarrollo económico de un país.

El Gobierno es un área de especial relevancia en términos de transparencia. Muchos países altamente desarrollados están tomando medidas que impulsan la transparencia, con el convencimiento que esto refuerza la democracia del país y promueve la eficiencia y la efectividad del Gobierno. La necesidad de transparencia también afecta al conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el origen de los fondos, contratos públicos, gastos e inversiones efectuados, etc. La transparencia en el sector público es un tema de interés creciente, pero aún queda mucho camino por recorrer. Por ello, es fundamental la mejora de la regulación y de las prácticas de las diferentes administraciones públicas.

Las políticas de transparencia conectan de forma indirecta con las relacionadas con la e- democracia. En realidad, están más cerca de lo que denominaremos e-government en sentido amplio y actualizado. En sus orígenes, la “administración electrónica” consistió básicamente en la utilización de las TIC en las administraciones públicas, como simple herramienta tecnológica que permitía hacer más rápido y mejor el trabajo que ya se venía haciendo, usando otros procedimientos. Se centraba, así pues, en la eficacia y la eficiencia. Fue con la explosión de las redes sociales cuando hemos asistido a la consolidación del movimiento del “open data” y de las iniciativas de “gobierno abierto”. Estas prácticas de “gobierno abierto” y de hacer que los ciudadanos tuvieran más información sobre la labor de sus administraciones tenía que ver con la crisis del año 2015 derivada del movimiento 15M. Los ciudadanos reclamaban mecanismos de transparencia para ejercer más control y mayor capacidad de participación real. La posibilidad de acceso rápido parecía el caldo de cultivo propicio para ello.

Los socialistas siempre hemos considerado a la transparencia una pieza clave del funcionamiento de las instituciones y de la gestión política. De hecho, el primer partido político que llevó temas de transparencia en su programa electoral fue el PSOE en el año 2004. El PP hasta el año 2011 no empieza a hablar de transparencia en su programa electoral, obligado por la coyuntura y viendo claros réditos electorales. Nunca ha tenido una voluntad real por su parte de poner en práctica políticas de transparencia y claro ejemplo de ello es que la Comunidad de Madrid no aprobó su Ley de transparencia hasta el año 2019. Y si aún así aún albergábamos alguna duda sobre sus intenciones, en diciembre de 2023, el mismo día de la lotería de navidad, el PP aprobó una reforma de dicha Ley que supone un claro retroceso, bajo el título de Ley de medidas para la simplificación y mejora de la eficiencia de instituciones y organismos (nada más y nada menos). Pocas veces un título hace tan poco honor a su contenido. Una reforma que modifica tres aspectos sustanciales: primero, añade las competencias en protección de datos al organismo garante de la transparencia; segundo, resta independencia a dicho organismo, que pasará a depender directamente del Gobierno y no de la Asamblea; tercero, elimina las sanciones por incumplimiento de la norma actual. De este modo, el Consejo de Transparencia pasa de estar integrado por tres miembros nombrados por 3/5 partes de la Asamblea por un periodo de seis años a un único presidente que será nombrado por cuatro años y dependerá directamente del gobierno de regional en lugar de estarlo de la Asamblea de Madrid, como sucedía anteriormente. Pese a todos estos cambios, la ley asegura que “se sigue garantizando su independencia y autonomía”. En el texto se habla también de una unidad de apoyo jurídico, técnico y administrativo para ese nuevo consejo de transparencia, una unidad que ya estaba prevista en la ley anterior. Pese a eso, se presenta como si fuera algo nuevo. Además, la reforma prácticamente cercena la capacidad sancionadora o de iniciar procedimientos del Consejo. Esta norma, en definitiva, no simplifica el organismo, como reza su título, sino que le resta independencia y poder. Una reforma que nos devuelve a la opacidad, ese sello distintivo del gobierno de la Presidenta Ayuso. La mayoría absoluta le ha sentado fatal al PP, repiten hasta la saciedad que todo lo hacen bien porque les han votado los madrileños, sin entender lo que implica realmente el sistema democrático.

No se trata de un nuevo modelo de democracia, se trata solo de respetar la democracia, que no consiste por mucho que pueda pensar el PP, en votar cada cuatro años. La transparencia es hoy en día un pilar fundamental de la democracia y por eso los socialistas de Madrid hemos planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional de la nueva Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid, para poder garantizar los derechos de los ciudadanos a la información de forma directa y veraz. Porque nosotros sí creemos en la democracia, en la de la ciudadanía. No creemos en la manipulación de Telemadrid, en usurpar las capacidades de la Cámara de Cuentas para fiscalizar donde va el dinero de los madrileños y en evitar a toda costa dar explicaciones de la gestión. Porque sin transparencia no hay democracia y porque sin transparencia las decisiones que se toman tienen sesgo. Nosotros, los socialistas, defendemos el poder de la transparencia porque ese poder nos hará mejores como ciudadanos y como sociedad.

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