lunes, mayo 20, 2024
- Publicidad -

Madrid, adalid de la transparencia

No te pierdas...

José Virgilio Menéndez Medrano
José Virgilio Menéndez Medrano
Diputado en la Asamblea. Secretario General del Grupo PP en la Asamblea de Madrid.

Este pasado jueves en la Asamblea he tenido el honor de participar en el debate anual que se celebra con motivo de la presentación del Informe del Consejo de Transparencia y Participación, un informe que en esta ocasión es el último presentado por el actual presidente y Consejo.

Es el último porque el Consejo de Transparencia ha cambiado por la aprobación de Ley 16/2023, de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, que se aprobó en diciembre en esta Cámara, y que modifica profundamente el Consejo de Transparencia, sus funciones y el modo de elección de su presidente.

A partir de la elección del nuevo Consejo, el marco legal en lo que se refiere a la Transparencia será mejor, y los medios materiales y humanos para desarrollarla, serán más. Los cambios que introduce la nueva ley, permítame el lector presumir de ellos, son los siguientes: el nuevo Consejo de Transparencia sumará la competencia de la Protección de Datos, pues transparencia y protección de datos son materias interconectadas cuando se facilita información pública a la ciudadanía; gozará por ley de total autonomía e independencia funcional del Gobierno regional, los ayuntamientos y de la propia Asamblea; al quedar dicho Consejo en el seno de la administración madrileña, dispondrá de todos los medios técnicos, materiales y personales propios de dicha organización, lo cual, permitirá un cumplimiento más preciso de sus funciones; las funciones serán realizadas por cualificados funcionarios de carrera, nombrados por criterios técnicos; seguirá con el control de la Asamblea de Madrid; y el régimen sancionador, nunca utilizado por el Consejo en estos años pasados, no se elimina, sino que se ha optado por hacer una remisión al régimen de infracciones y sanciones que regula la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, es decir, legislación básica estatal.

Por último, el presidente, que deberá será ratificado por la Asamblea de Madrid, y que comparecerá anualmente para rendir cuentas ante esta Asamblea, será elegido entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional.

En definitiva, un modelo perfeccionado pues “cuando la Transparencia se incorpora al actuar de las administraciones, los ciudadanos son más libres e iguales, los organismos públicos más responsables, y la democracia mejora su calidad”, como ha dicho el actual presidente del Consejo.

¿Y mientras Madrid mejora su legislación sin renunciar a lo mucho alcanzado ya en esta materia, qué hace el Gobierno de la Nación? Mientras en Madrid, se han tramitado casi 1.400 solicitudes de información pública en 2023 y más de 400 en el primer trimestre de este año, está publicada toda la actividad del Gobierno y la información de los altos cargos y personal eventual en el Portal de Transparencia, con más de un millón y medio de visitas este último año, hay casi 4 millones de contratos públicos de la administración autonómica accesibles para el ciudadano, y hemos creado un Registro de Lobbies, ya con más de 1.300 inscripciones; el gobierno Sanchista oculta información y hace de la opacidad su práctica diaria.

Desde el ocultamiento del coste de los viajes de Yolanda Díaz, al secretismo de los vuelos del Falcón (más de 30 a la República Dominicana, la nueva Meca donde todo corrupto socialista debe ir una vez al menos en su vida), o a la no existencia de un registro de Lobbies que hubiera impedido las gestiones de Begoña Gómez como conseguidora de patrocinios y mediadora en gestiones empresariales, por poner algún ejemplo, este Gobierno está vulnerando la ley de Transparencia, y por tanto, violentando la democracia hasta límites insospechados.

Por eso, las críticas de la oposición a inexistentes recortes de funciones del Consejo de Transparencia con la nueva ley autonómica, no dejan de ser críticas demagógicas que tratan de distraer de la verdadera aversión que tiene la izquierda a la transparencia.

Porque cuando se practica la opacidad en la administración y se ocultan gastos y demás, siempre al final resulta que lo que se trata de tapar es la corrupción organizada.

Y muchos nos tememos, que en el caso del Gobierno Sanchista esto es así.

Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Últimas noticias

- Publicidad -