martes 20/4/21

Estrella Digital

El ‘cachondeo’ de las multas del Covid: el 99% no llegan

MULTAN A MAS DE CUATRO MIL PERSONAS

Vivimos días de nervios y confusión. Uno ya no sabe si puede juntarse con cuatro o cinco amigos en una terraza, si tiene que volver a casa a las 11 o a las 12 o si darse un beso en la vía pública está considerado una infracción. Y para colmo ahora nos lían con el uso de las mascarillas, y ya no sabemos si este verano tendremos que tomar el sol con ella o si manteniendo las distancias será prescindible ponérsela. El objetivo es huir de la sanción: ¿quién no conoce a algún desafortunado al que toda está confusión le haya pasado factura? “A Funalito le pillaron en coche pasados diez minutos del toque de queda y le multaron” o “a Menganito le vieron con la mascarilla bajada y le paró la Policía” son historias que se han convertido en el pan de cada día. Sin embargo, los datos señalan que la gran mayoría de estas sanciones no llegan a cobrarse nunca y que desde el pasado marzo solo se han tramitado un 1% de las multas.  La falta de pruebas, la burocracia o la inexistencia de un marco legal concreto estarían detrás de este retraso.

 

Los datos hablan por sí solos. En los últimos 365 días se han expedido más de un millón de propuestas de sanción ­–1.362.423, para ser exactos– y solo se han tramitado un 0,54%. La gran mayoría –un 75%– fueron antes de verano, cuando reinaba el caos general y los españoles estábamos muy verdes en el conocimiento de tanta normativa. El catálogo de multas es variado y el importe a pagar depende de la gravedad de la infracción: el mal uso de la mascarilla, considerado como falta leve y castigado con 100 euros, representa el 90% de las multas, seguido por la celebración de fiestas ilegales y el incumplimiento del cierre perimetral, multado con importes de entre 2.000 y 3.000 por considerarse infracción grave. Ninguna de estas multas ha sido, de momento, recaudada, lo que deja en entredicho su legalidad, siendo más un “susto” al haber sido cazados saltándose las normas, que un golpe económico.

 

A este retraso en los cobros ha contribuido el actual sistema de “cogobernanza”. El estado de alarma dejó en manos de las autonomías la tramitación y recaudación de las sanciones del coronavirus, y muchas administraciones han colapsado ante el aluvión de multas. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que si antes de la pandemia tramitaba alrededor de 300 expedientes al año, ahora gestiona 500 al día. Desde julio han llegado 94.000 propuestas de sanción, de las que solo han sido tramitadas 13.000 y se han cobrado apenas 814, el 0,8%.  Algo parecido ocurre en Cataluña, donde se han impuesto más de 170.000 sanciones, de las que se han tramitado 100.000 pero de las que se han cobrado menos del 10%.  La avalancha de expedientes ha obligado a estos territorios a contratar empresas especializadas en la gestión de multas y personal extra, lo que ha supuesto, en el caso de Valencia, una inversión de 5,3 millones de euros.

 

Hay ejemplos flagrantes, como el de la multa de 15.000 euros a una residencia de estudiantes valenciana en la que se celebró una fiesta ilegal que provocó 160 contagios, que aún no ha sido resuelta y que probablemente no llegara a cobrarse. O el del futbolista del Real Madrid Marcelo, que se saltó el cierre perimetral y se fotografió sin mascarilla junto a su familia en la playa de Valencia. Esta infracción tiene acarreada una sanción de 2.700 euros, que el jugador quizás no llegue a pagar nunca. Es importante recordar que estas penas económicas tienen un plazo de prescripción –un año en el caso de las leves, y tres en el de las graves– y que muchas caducarán antes de terminar de ser tramitadas, una circunstancia que, a la larga, contribuirá a un relajamiento general de la población.

Comentarios