Lunes 19.11.2018
Lo aprobará mañana y lo apoya la mayoría del Congreso

El Gobierno obligará a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas con un decreto

El Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros un real decreto para asegurar que sean los bancos, y no los clientes, los que asuman el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, ha adelantado hoy el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez

El anuncio se producía pocas horas después de que el pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un agrio debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias de mediados de octubre.

En rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez adelantaba lo que mañana abordará el Consejo de Ministros, un real decreto para que "nunca más los españoles paguen este impuesto", minutos después de que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, hubiera instado al legislativo a reformar la ley hipotecaria, a la que ha achacado falta de claridad.

Lesmes había defendido la libertad e independencia de criterio de los magistrados del Supremo, y había señalado al Ejecutivo la "magnífica oportunidad" para clarificar quién es el sujeto pasivo en un contrato hipotecario.

No se trata, ha explicado Pedro Sánchez, de eliminar el impuesto, ya que al tratarse de un gravamen transferido a las comunidades autónomas son éstas las que deben abordarlo, sino que su intención es atribuir los actos jurídicos documentados al sector bancario.

El decreto anunciado es independiente de la tramitación de la ley hipotecaria en el Congreso de los Diputados, redactada por el PP y que será tramitada por el actual Ejecutivo, de acuerdo con la directiva europea y para ampliar la protección de los usuarios.

La voluntad del Gobierno, ha explicado, es garantizar la seguridad jurídica "en pos de la ciudadanía", motivo por el que ha destacado su compromiso por "garantizar un escenario previsible y estable del interés de todos los operadores implicados", y ha anticipado la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes.

Tras una reunión con la vicepresidenta Carmen Calvo y los ministros de Economía, Nadia Calviño, Hacienda, María Jesús Montero, y Fomento, José Luis Ábalos, Sánchez señalaba que "ayer habló el poder judicial y hoy y mañana el poder ejecutivo".

Si bien Moncloa "respeta la labor y la independencia" de la magistratura, ha lamentado la situación generada por la rectificación del Supremo, al no ser positiva ni para la banca, ni para los jueces ni para los ciudadanos.

No obstante, se ha dirigido a Unidos Podemos, que ha convocado una manifestación ante el alto tribunal el próximo sábado, y ha recordado que aunque cada partido es libre de hacer su oposición como considere, debe hacerse en las instituciones.

Sobre la posibilidad de los hipotecados de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado como fórmula para intentar recuperar el dinero pagado en el pasado por este gravamen, Sánchez ha concluido que desconoce "si tienen capacidad o no" al tratarse de un tema fuera de su competencia.

Antes de conocer las intenciones del Gobierno, asociaciones de consumidores y abogados se apresuraron a criticar con dureza el fallo del Supremo, y mientras Facua acusaba al sector financiero de difundir mensajes "engañosos y alarmistas" para no tener que asumir el impuesto, Adicae calificaba la decisión de "anómala y extraña", y avanzaba su intención de impugnarla "en España y en Europa".

También los asesores fiscales miembros de AEDAF habían mostrado su sorpresa e indignación ante el fallo del Supremo, "correcta desde un punto de vista técnico pero que desprestigia al alto tribunal".

El apoyo de la mayoría del Congreso

El Gobierno tendrá mayoría absoluta en el Pleno del Congreso para convalidar este real decreto, ya que tiene asegurados los votos favorables del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PDeCAT, entre otros.

La modificación de la Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque posteriormente deba ser convalidado en el Pleno del Congreso e incluso pueda ser tramitado como proyecto de Ley para ser modificado vía enmiendas.

El Ejecutivo cuenta ya con el apoyo de al menos 194 diputados, mayoría absoluta para sacarlo adelante, ya que tanto Unidos Podemos como Ciudadanos han avanzado que lo apoyarán así como el PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias.

No obstante, queda pendiente la decisión del PP, ya que aunque su líder, Pablo Casado, ha defendido la idea de suprimir totalmente este tributo, ha señalado que esperará a leer el decreto ley para confirmar que su partido rechaza su convalidación.

PNV, ERC y Compromís todavía no han confirmado si apoyarán la convalidación, aunque los republicanos catalanes han defendido en los últimos días que este impuesto lo pague la banca.

Aunque se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas para su recaudación, el cambio en la Ley no afectaría a Euskadi y Navarra, ya que en sus regímenes forales tienen su propia ley que, en el caso de Navarra, dicta que el tributo lo pague el cliente.