jueves 12.12.2019
Un funcionario rentable para el Estado

La falta de examinadores en la DGT amenaza la viabilidad de las autoescuelas

La escasez de funcionarios de la Dirección General de Tráfico ha puesto en riesgo miles de puestos de trabajo del sector y cientos de pequeñas empresas. La lista de espera para realizar el examen de conducción supera el mes en muchas comunidades autónomas

Un centro de la DGT, en un día de examen.
Un centro de la DGT, en un día de examen.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha disparado las alarmas ante un déficit de examinadores de la DGT que este mismo verano podría llevar al colapso el sistema de Formación Vial en España con el cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores. Según denuncia la confederación la precariedad laboral ha influido de una forma directa en los empleos que dependen de una manera indirecta de la Dirección General de Tráfico. Sin embargo, el puesto de examinador resulta ser un funcionario muy rentable para el Estado a tenor de los datos arrojados por la CNAE. 

Esta rentabilidad está basada en el modelo de examen. En concreto, el aspirante a sacarse la parte práctica del carné de conducir ha de pagar una tasa de 90.30 euros a la DGT. Esta cantidad económica le otorga al alumno el derecho a dos oportunidades de aprobar el siempre temido examen. De no superar la prueba, el interesado ha de volver a abonar la misma cantidad de nuevo para poder optar a otras dos oportunidades y así sucesivamente hasta que el candidato a conductor logre su objetivo.

Durante todo el año 2016,  el número de aspirantes aprobados en primera o segunda convocatoria fue de 789.700, lo que supuso un ingreso para la DGT de 71,3 millones de euros, a los que hay sumar los 30 millones recaudados por las tasas de los166.345 aspirantes de la tercer y cuarta convocatoria y los 13,1 millones de los que lograron el aprobado a partir del quinto examen, que fueron 48.531 alumnos. O lo que es lo mismo, el pasado año el total de todas las tasas pagadas ascendió a 114,4 millones de euros. Esta cantidad dista mucho del gasto que realizó el Estado en concepto de los sueldos de los escasos 756 examinadores que apenas superó los 23 millones de euros. Es decir, la Administración obtuvo un beneficio neto de más de 80 millones de euros. 

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De todos modos, el año 2016 es sólo una continuación de lo vivido durante el año 2015 a tenor de los datos aportados por la CNAE. En esa ocasión la DGT facturo sólo seis millones menos que el pasado año en concepto de tasas pagadas por los aspirantes. 

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Desde la CNAE califican la situación de "insostenible". De hecho, el pasado martes, 25 de abril, publicó un comunicado en el que denunciaba la situación que viven las autoescuelas en buena parte de España como consecuencia del déficit de examinadores. La falta de examinadores de la DGT ha significado el retraso en las convocatorias de exámenes y cambios de fecha inesperados para la celebración de las pruebas de circulación. Estos contratiempos se han traducido en una sobresaturación de las autoescuelas y en un grave perjuicio para los alumnos que dejan de acudir a las clases porque ya se encuentran preparados para volver poco antes del examen con mucha menos práctica. La ausencia de soltura por este impasse en el tiempo supone que haya más suspensos y que por lo tanto se sature la lista de espera para examinarse.

Un dato a tener en cuenta es que cada examinador sólo puede hacer diariamente 13 pruebas (11 en el periodo estival), lo que supone que el déficit de exámenes se eleva a casi 600.000 anuales, según el mínimo necesario (213) y a 900.000 si se contabiliza la carencia de 324 examinadores.

Al final, es una situación que ha entrado en un bucle y en el que los más perjudicados son los profesores de las autoescuelas y las pequeñas empresas que corren el peligro de extinguirse. En España, hay un total de 17.975 profesionales que se dedican a la enseñar a los futuros conductores, según datos de la CNAE y muchos de ellos están en peligro de perder su puesto de trabajo porque las compañías para las que trabajan tienen problemas para asumir la falta de actividad y la ausencia de facturación. 

La situación es especialmente grave en doce Jefaturas Provinciales de Tráfico, que suponen el 48% de los permisos expedidos en España (Alicante, Baleares, Barcelona, Ciudad Real, Cuenca, Girona, La Rioja, Lleida, Madrid, Navarra, Tarragona y Valencia), en las que llegan a acumularse retrasos para realizar el examen de hasta un mes, además de cambios de fecha de última hora.

Un caso alarmante es el de Navarra que tiene una ratio de 0,55 examinadores por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 1,6. En los pocos concursos que saca la DGT para habilitar nuevos examinadores, destinados exclusivamente a funcionarios de la Administración, apenas hay aspirantes a los puestos que oferta la jefatura. Aunque es cierto que la situación es crítica, este verano se puede volver insoportable. En esa época la CNAE sospecha que se puede producir un colapso del sistema, extremo que ocurrirá si no se cubre el déficit de examinadores. "Haría falta añadir entre 200 y 300 más a la plantilla de la DGT que asciende según las cifras oficiales a 756 funcionarios, aunque el número operativo es muy inferior, y se estima que ronda los 600 examinadores", afirman desde la CNAE.

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