domingo 22/5/22
Obvió un informe negativo de la Generalitat de Cataluña

La ministra Ribera ocultó información al Congreso sobre el ‘caso Castor’

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ocultó información en el Congreso sobre su aprobación, en octubre de 2009, de la declaración de impacto ambiental del proyecto de almacén subterráneo de gas natural Amposta, que dio origen al ‘caso Castor’.

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En su condición de directora de la Oficina Española de Cambio Climático (2004-2008), primero, y luego como secretaria de Estado de Cambio Climático (2008-2011), la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue la máxima responsable de la autorización dada a empresas de Florentino Pérez para que iniciaran el conocido como ‘proyecto Castor’, un gran fiasco de almacén gasístico submarino en la costa mediterránea frente a Castellón que quedó paralizado tras producirse cientos de pequeños terremotos en la zona.

Según ha informado Estrella Digital, Ribera fue quien firmó el impacto favorable para ese proyecto, que tuvo que cerrarse aparatosamente tras registrase más de 500 terremotos, al parecer por la utilización de las técnicas de fracking para fracturar el lecho marino, y que va a costar a todos los españoles sólo en indemnizaciones para las empresas actuantes un total de 2.419.940.000 euros, incluidos los intereses.

La ministra oculta información al Congreso

Pero lo peor del caso es que en respuesta a una pregunta del diputado del PP Teodoro García Egea sobre el gran fiasco que ha supuesto el ‘caso Castor’, la ministra Teresa Ribera no dijo toda la verdad en el Congreso. Según se recoge en el acta de la sesión de control al Gobierno del pasado 20 de junio, Ribera se defendió por la firma favorable, en 2009, del informe de impacto ambiental con el que se podía proceder a la aprobación del almacén Amposta, asegurando que nunca se recibieron alegaciones en contra y que nadie lo denunció.

El acta oficial recoge las declaraciones de la ministra en este sentido: “Como sabe, señoría, cualquier proyecto complejo de estas características tiene una tramitación enormemente extensa. En la tramitación y en la ejecución hay distintas fases en las que participan muchos y variados actores, y la mía se resumió de forma exclusiva a la firma de una declaración de impacto ambiental”, obviando que, como secretaria de Estado de Cambio Climático, la firma de esa Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto del almacén de gas Castor era definitiva y fundamental para la aprobación del mismo.

Ribera continuó asegurando que “antes hubo un permiso de investigación en septiembre del año 1996, una inclusión en la planificación de infraestructuras de electricidad y gas en el año 2002, una autorización de la cesión del permiso a Escal en el año 2003 y la inclusión de esta instalación como urgente y prioritaria para la seguridad del sistema gasista”, cosa que sí es cierta, dado que la tramitación de la evaluación de impacto ambiental fue muy compleja y contó con la participación de más de veinte organismos administrativos, de técnicos de investigación y de todos los municipios y comunidades autónomas que estaban próximas.

Pero, a continuación, la ministra faltó a la verdad, y lo hizo en sede parlamentaria al afirmar que “los técnicos resolvieron la integración de todo aquello en una propuesta de resolución que se comunicó para comentarios y observaciones a todas estas instituciones, y nadie objetó”. Es decir, que todo el mundo estaba de acuerdo con el almacén gasístico y las técnicas de fracking, según la ministra, que añadió que “la declaración de impacto ambiental fue elevada como propuesta para mi firma -me parece frívolo pensar que un secretario de Estado puede sustituir el criterio de tantos organismos técnicos y administrativos en aquel momento- y nadie la recurrió –insistió por segunda vez-, y digo nadie porque lo habitual es que se recurran prácticamente de forma sistemática todas las declaraciones de impacto ambiental”.

Las alegaciones negativas de la Generalitat de Cataluña

Es decir, que Ribera se defendió de las acusaciones asegurando que “nadie objetó” ante un proyecto que tampoco “nadie recurrió” y que suponía el uso de una técnica de fracking en el suelo marino que los ecologistas siempre consideraron muy peligrosa y que tuvo que suspenderse finalmente porque parece que motivó más de 500 pequeños terremotos.

Pero esas afirmaciones contenidas en el acta oficial del Congreso no son del todo ciertas: la ministra obvió en sede parlamentaria que en 2008 hubo un informe negativo de la Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, gobernada entonces por el tripartito (PSC-ERC-IU), en el que se efectuaban diversas consideraciones sobre aspectos del estudio de impacto ambiental tramitado por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Entre ellas, las de garantizar la “mínima afección al medio natural próximo y a los vecinos potencialmente afectados por este proyecto, y con el objetivo de adoptar medidas correctoras y preventivas para intentar minimizar los impactos que el proyecto pudiese causar en su entorno”.

En sus alegaciones, la Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, destacó la necesidad de determinación de la situación preoperacional del medio, una evaluación de los principales impactos potenciales, la adopción de medidas correctoras y de prevención y, en resumen del documento, que se considerasen los siguientes aspectos:

- Estudiar la posibilidad de ubicación de la planta de operaciones en una zona de uso industrial.

- Garantizar que en los términos municipales próximos se obtengan valores de contaminación acústica, atmosférica y lumínica compatibles con la legislación catalana.

- Incorporar un estudio de integración paisajística.

- Extremar las medidas de seguridad para evitar derrames de productos químicos al mar y adoptar un protocolo de actuación en su caso.

- Alejar las rutas de aeronaves y embarcaciones de las zonas protegidas.

- Evaluación del impacto sobre el sector pesquero y turístico.

Las alegaciones no se tuvieron en cuenta

Ese informe del director general de Políticas Ambientales y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Frederic Ximeno Roca, actual Comisionado de Ecología del Ayuntamiento de Barcelona (nombrado directamente por la alcaldesa Ada Colau,) se añadió a todos los expedientes originados por el proyecto, pero el Ministerio respondió que tales observaciones ya habían sido tenidas en cuenta y analizadas desde un punto de vista técnico y ambiental y, en consecuencia, consideradas en el estudio, entre las alternativas y de cara a la adopción de medidas preventivas y correctoras. Cosa que, por lo demás, se ha visto que no era tan cierto al haber provocado, supuestamente, más de 500 terremotos.

En definitiva, que en realidad lo obvió el Ministerio, y en fecha 23 de octubre de 2009, Teresa Ribera, como Secretaria de Estado para el Cambio Climático, otorgó la declaración de impacto ambiental del proyecto de almacén subterráneo de gas natural Amposta, que fue publicada en el BOE nº 272, de 11 de noviembre de 2009.

Esta declaración de impacto ambiental, que era la base para aprobar todo el proceso, no tomó en consideración, a pesar de las denuncias recibidas, el apartado de riesgo sísmico al que se habían referido también el Observatorio del Ebro, la Plataforma Ciudadana de les Terres del Sénia y la propia Generalitat de Cataluña, así como particulares, según se recoge en el “Informe sobre el Proyecto Castor”, emitido en noviembre de 2014 por el “Sìndic, El Defensor de les Persones” (la versión catalana de El Defensor del Pueblo), al que Estrella Digital ha tenido acceso.

El informe del Sìndic es uno de los documentos aportados en la querella ciudadana por el Caso Castor contra los exministros socialistas Joan Clos, Miguel Sebastián y Elena Espinosa; el exministro del PP José Manuel Soria; el empresario Florentino Pérez, y diversos cargos de la Administración del Estado y autonómica valenciana.

La querella fue desestimada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero esa decisión ha sido recurrida. Fue interpuesta por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), la plataforma Xnet y la Asociación de defensa de los derechos humanos IDHC, así como por el equipo jurídico Caso Castor. Esos informes contenidos en la querella ponen en evidencia a la actual ministra de Transición Ecológica, ya que no dijo toda la verdad en el Congreso de los Diputados.

Estrella Digital se interesó por la opinión de la nueva ministra sobre todo este caso, pero no recibió ninguna respuesta por parte del Ministerio.

 

La ministra Ribera ocultó información al Congreso sobre el ‘caso Castor’