jueves 17.10.2019

El socio de Villarejo admite el contrato con Pérez-Maura por 7,4 millones

El abogado Rafael Redondo, socio de José Villarejo, ha admitido este martes ante el juez Manuel García Castellón que la empresa del excomisario, Cenyt, suscribió un contrato con el naviero Ángel Pérez-Maura por el que percibieron 7,4 millones de euros, pero lo ha enmarcado en un contexto de asesoría jurídica

El socio de Villarejo admite el contrato con Pérez-Maura por 7,4 millones

Según fuentes jurídicas, en su declaración ante el juez del caso Villarejo, Redondo también ha reconocido que el hijo del excomisario, para el que ayer se acordó la retirada del pasaporte con la prohibición de salir de España, figuraba junto a él como apoderado en las cuentas de dos sociedades que recibieron pagos por el proyecto Pit, que se puso en marcha para evitar la extradición de Pérez-Maura a Guatemala y las pesquisas en otros países.

No obstante, ha matizado que el hijo de Villarejo figuraba ahí porque se lo pedía su padre, pero que realmente no tenía intervención directa en sus negocios, según las fuentes consultadas.

Ratificaba así la versión ofrecida ayer por el hijo de Villarejo, José Villarejo Gil, que se desvinculó de la gestión directa de los negocios de su padre, pese a que el juez asegura que aparece "en multitud de correos intervenidos" como asistente a las reuniones de Pit y es quien "facilita" teléfonos de "seguridad" a los investigados, entre ellos a Pérez-Maura.

Redondo, que se encuentra en libertad bajo fianza de 100.000 euros tras permanecer 10 meses en prisión preventiva tras ser detenido junto a Villarejo en la Operación Tándem, ha insistido en que el trabajo que realizó Cenyt para Pérez-Maura se ciñó por su parte en la elaboración de informes de naturaleza jurídica y de asesoramiento global sobre su situación procesal en España y en Guatemala.

García Castellón y los fiscales del caso también le han preguntado sobre la intervención del exembajador de Guatemala en Estados Unidos Julio Ligorría, al que ayer el juez, tras tomarle declaración como investigado, le impuso comparecencias mensuales y la obligación de comunicar cualquier salida de España.

De Ligorría, Redondo se ha limitado a señalar que le vio una vez en una reunión, si bien el juez, en el auto en el que acordó para él las citadas medidas cautelares, afirmaba que el diplomático "forma parte del equipo dirigido por Villarejo para desarrollar el proyecto Pit", según consta en archivos intervenidos al excomisario.

El juez también destacaba que dos de los investigados en esta pieza, el empresario Adrián De la Joya y el abogado Enrique Maestre, reconocieron cuando fueron detenidos en mayo que el exembajador cobró por Pit, tal y como corroboran las anotaciones de pagos recibidos por Ligorría encontradas en el registro de la empresa vinculada a Pérez Maura, Pérez y CIA.

Este martes también ha comparecido como investigado el empresario Armando Mateo Flandorfer, que ha explicado que le pidieron participar en el proyecto Pit para relacionarse con los responsables de la empresa APM Terminals Espagna Holdings (APMT), personada en esta pieza como perjudicada por la actuación presuntamente corrupta de la empresa de Pérez Maura, Grup Maritim TCB (GMTCB), en Guatemala.

Según su versión, contactaron por él con ese objeto porque sabía danés y ha reconocido que en mayo de 2016 viajó a Guatemala y allí coincidió con Redondo.

En esta pieza de Villarejo, también declaró ayer el inspector jubilado Antonio Bonilla, al que el juez considera "integrante" de la organización liderada por el excomisario y le impuso una fianza de 15.000 euros a abonar hasta el 24 de julio para eludir la prisión.

Mañana, una comisión judicial integrada por el juez de la Audiencia Nacional y los fiscales del caso se trasladará a la prisión de Estremera (Madrid) para interrogar a Villarejo en presencia de su abogado en el marco de esta pieza y de la referida a las labores de espionaje que supuestamente contrató el BBVA. 

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