CONTINÚA DESAPARECIDA

Juana Rivas, pendiente de la decisión de la Audiencia de Granada

El caso de Juana Rivas podría cambiar de rumbo el próximo jueves 10 de agosto cuando la Audiencia de Granada se pronuncie sobre su incidente de nulidad

Juana Rivas sigue desaparecida a vísperas de la decisión de la Aduencia de Granada.
Juana Rivas sigue desaparecida a vísperas de la decisión de la Aduencia de Granada.
Juana Rivas, pendiente de la decisión de la Audiencia de Granada

Un problema técnico ha impedido este miércoles que la Sección Quinta del tribunal provincial comunique a las partes el acuerdo alcanzado sobre el incidente excepcional de nulidad que formalizaron el pasado 31 de julio los abogados de Juana Rivas, con el que se pretende que se anule la orden de entregar a los niños a su padre.

A esta nulidad se oponen tanto la Fiscalía como la expareja de Rivas, Francesco Arcuri, que recalcan en sus escritos que el trabajo desarrollado en la causa desde mayo del 2016 ha superado todos los trámites y que, durante el proceso, no se han producido "infracciones de procedimiento".

La decisión de la Audiencia podría abrir la puerta a que Rivas presente un nuevo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), que rechazó esta vía el pasado 31 de julio al argumentar que no se había agotado la vía ordinaria para pedir el amparo.

A esta posibilidad ha vuelto a referirse este miércoles Francisca Granados, la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) que ha atendido a Rivas y que ha recordado que si la Audiencia no responde a sus pretensiones y frena la orden de que los niños vuelvan con el padre, volverán a pedir el amparo del Constitucional.

Mientras tanto, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ya ha llegado por vía telemática la orden de detención y puesta a disposición judicial de Juana Rivas.

El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, encargado de la vía penal, emitió el pasado martes el auto después de que Rivas no compareciera a declarar como investigada por los posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial y por la posible sustracción de menores, cita a la que sí acudió su expareja y padre de los dos menores, que actúa en esta vía penal como acusación particular.

Granados, que ha actuado como asesora jurídica de esta madre desde que se trasladó a España desde Italia el año pasado, ha recalcado que mantiene su confianza en la justicia y ha reivindicado que se garanticen los derechos de los dos menores.

Ha explicado además que los niños, de once y tres años, presentan un "excelente" estado de salud, información que ha dicho conocer "por terceros" y que recibió el pasado martes, tras lo que ha reiterado que los dos menores están "cuidados y protegidos".

Granados ha dicho desconocer qué intenciones tendrá Juana Rivas ahora que se ha decretado una orden de detención aunque se ha mostrado convencida de que está con los niños porque "Juana no se va a separar jamás de sus hijos".

Este caso sigue provocando reacciones políticas y este miércoles, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que entiende la situación de Juana Rivas "desde el punto de vista humano", aunque ha señalado que es "muy importante que todos respetemos las leyes" porque si no las cosas, "lejos de mejorar", pueden empeorar.

La diputada de Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañó, ha dicho que no quiere que Juana Rivas sea una mártir, sino "una mujer libre", mientras la formación morada ha pedido en Granada la mediación de la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat.

Desde el Gobierno andaluz se ha pronunciado el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, que ha señalado que la "primera preocupación" de la Junta es la situación de los menores y ha mostrado su "comprensión" hacia la mujer.

Por su parte, el psicólogo y exdefensor del Menor de la Comunidad de Madrid Javier Urra ha dado por hecho que la Junta de Andalucía "sabe" donde se encuentra esta granadina, tras lo que ha apuntado que "mala lección" será para la sociedad que "una comunidad autónoma quiera privar al poder judicial su derecho a tomar determinaciones".