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Esperan beneficio para dos reos que tienen 17 años en prisión preventiva

Estrella Digital | 14 de agosto de 2019

Los organismos que han demandado justicia e inmediata libertad de los prisioneros son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (ONU), la Oficina de México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Dos prisioneros del Estado de México que tienen más de 17 años en prisión preventiva -sin ser sentenciados- podrían tener un cambio en su situación jurídica este miércoles, cuando el juez local que los procesa desahogue una audiencia para la revisión del cambio de medida cautelar.

El Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, llevará a cabo una audiencia para la revisión del cambio de medida cautelar de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, los dos presos políticos con mayor tiempo sin sentencia en todo el mundo occidental.

El Colectivo Pena Sin Culpa espera que los prisioneros “acusados sin fundamentos y víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos y de un proceso basado en fabricación de pruebas”, recuperan enseguida su libertad, tal y como los han exigido diversos organismos internacionales.

“El Poder Judicial estatal podría detener las excesivas violaciones a derechos humanos, de las cuales las víctimas han tenido que soportar por seis mil 379 días (en prisión). Cabe destacar que el proceso podría ser elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, citó en un comunicado el colectivo.

García Rodríguez y Reyes Alpízar fueron acusados del homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, María de los Ángeles Tamez, de 27 años, ocurrido el 5 de septiembre de 2001.

Pena Sin Culpa sostiene que ante las condiciones del juicio, García Rodríguez y Alpízar podrían ser sujetos de prisión condicional, con brazalete o en arraigo domiciliario.

Los defensores y el colectivo Pena Sin Culpa han sostenido que ambos son presos políticos víctimas de un caso fincado con fabricación de pruebas a base de torturas y toda una trama.

En resumen, apuntan, son “presos políticos” del entonces gobierno priista de Arturo Montiel Rojas, su procurador de Justicia, Alfonso Navarrete Prida, y el subprocurador Rogelio Figueroa.

Pena Sin Culpa dice que este miércoles el juez penal puede poner fin a la injusticia de 17 años y cambiar la medida cautelar por las graves violaciones a los derechos humanos de Daniel García y Reyes Alpízar.

Apunta que las detenciones fueron por demás arbitrarias, hubo torturas, violaciones al debido proceso y en suma no han sido juzgados en un tiempo razonable, pues por el contrario hay una excesiva prisión preventiva.

“De hecho, ambas personas si hubieran aceptado el crimen que les fabricaron, técnicamente ya hubieran salido libres, si hubieran aceptado culpabilidad, ya hubieran purgado condena por el delito, pero ellos han sostenido su inocencia, y todos los jueces que han visto el caso, no los han hallado culpables”, dijo Alberto Quezada, integrante del Colectivo Pena Sin Culpa

Explicó que la revisión del cambio de medida cautelar excesiva es ordenada por el Tribunal de Alzada, que respondió a su obligación de acatar los tratados firmados y ratificados por el Estado Mexicano, así como atender a los pronunciamientos de diversos organismos internacionales de derechos humanos que han intercedido en el caso.

Los organismos que han demandado justicia e inmediata libertad de los prisioneros son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (ONU), la Oficina de México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en su 66 periodo de sesiones (CAT) y la Oficina de México de Amnistía Internacional.

Para estos órganos este caso es excepcional e inédito, considerando que existen graves violaciones a sus derechos humanos.

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