sábado 11.07.2020

¿Qué se está haciendo contra la corrupción en España?

Cito dos nuevos informes europeos

Coordinador de Área de Derecho Administrativo. Universidad Alfonso X "El Sabio"

¿Realmente se están adoptando ya en España medidas jurídicas efectivas para atacar la corrupción?. Si únicamente examinamos el discurso oficial, podría parecer que efectivamente se trabaja firmemente en ello. Dos recatados informes europeos nos plantean muchas dudas. En primer lugar, hay que precisar que desde un punto de vista conceptual se debe distinguir entre corrupción privada y corrupción pública. La privada se centra principalmente en la prevención de conductas dañinas de lobbys, bancos y grandes empresas, normalmente al amparo de los poderes públicos. A ella me referiré otro día, aunque ya anticipo que  en mi opinión, tanto la corrupción pública como la privada son especies del mismo género: la corrupción política que las ampara y cobija.

Viendo las encuestas nadie puede tener duda de que este gobierno y el partido que le sustenta necesitan defenderse del descrédito y rechazo social que ha provocado la corrupción. Incluso,  por culpa de estas cuestiones, la paciente y bien domesticada clase media española –de la que vive el bipartidismo- empieza ya a dar ciertas muestras de hastío, o incluso hasta de ocasional agresividad.   En su defensa, en la próxima campaña electoral el Gobierno hará bandera de la potente batería de medidas legislativas anti-corrupción ya adoptadas.  A la ciudadanía  se le va a pedir paciencia y  tiempo para que estas reformas demuestren su eficacia. Se va a vender esperanza: debemos confiar en la capacidad de autoregeneración que tiene el actual bipartidismo. ¡Tranquilos!. Aunque nada hagamos, todo ya está mejorando: sólo hay que cambiar algunas leyes y esperar a que la crisis pase…  ¡Otra cosa es que alguien todavía se lo crea!.

Las principales “mejoras” legislativas orientadas a la erradicación de la corrupción pública de las que -en su descargo- hará bandera el partido del Gobierno son las siguientes:

1.- La ratificación por parte de España del Convenio Penal sobre la Corrupción y de su Protocolo Adicional, que dio lugar a diversas modificaciones de la formulación de los delitos de corrupción en la legislación nacional.  En primer lugar hay que destacar que todas estas importantes reformas no pueden  tener efectos retroactivos, por lo que uno de sus efectos inmediatos es el de dejar sellar la impunidad de pasadas conductas delictivas, bajo la excusa de que en esa fecha no era reprochable… Como siempre la sobreabundancia legislativa provoca confusión, y la confusión ayuda a la impunidad.  Hay que dejar constancia que casi todas las conductas delictivas que hoy están reguladas -en particular y concreto- por nuevas leyes penales, ya estaban proscritas y perseguidas por las anteriores, por lo que el dictado de estas nuevas no debería servir de excusa en la exigencia de pasadas responsabilidades.  Además, de poco sirve una legislación penal represora si no hay órganos judiciales independientes (y valientes) con los medios adecuados para hacerla cumplir.  El informe del grupo de estados contra la corrupción (GRECO), publicado el pasado 15 de enero (Greco Eval IV Rep (2013) 5E), refiriéndose a España dice en su punto 78:

 “el establecimiento de los consejos judiciales está  generalmente destinado a mejorar la salvaguardia de la independencia del poder judicial - en apariencia y en la práctica- el resultado en España parece ser todo el  contrario como lo demuestra la inquietud pública recurrente en este dominio. Esto es particularmente peligroso en un momento en que los casos relacionados con la corrupción política están en aumento”.

En España necesitamos un órgano de gobierno de jueces valiente e independiente. Posiblemente su primera misión fuera la investigación y en su caso la denuncia y exigencia de anteriores responsabilidades. El gobierno de los jueces nunca debió  consentir que se perdiera la independencia de ese Poder.

2.- También se alegará ante la opinión pública que se han promulgado muchas nuevas leyes a favor de la reorganización y  la transparencia, mediante las que directa o indirectamente se dice que se va a conseguir atajar la  corrupción:  La Ley que establece el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007;  el texto refundido de la Ley de Suelo de 2008; el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en 2011; y sobretodo la reciente,  abundante y caótica “legislación de coyuntura” que está  caracterizando la reciente labor legislativa de nuestro parlamento. Así entre otras la nueva Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera;  la  Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y  la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Es cierto que nunca en toda la historia de España se han promulgado y modificado tanta cantidad de leyes sobre tan variadas materias a tanta velocidad y con tan poca sistemática. Desde su promulgación la ley del empleado público ya  ha sufrido ocho reformas, la de suelo seis y la de Contratación pública otras doce revisiones.  Si pensamos que cada una de estas reformas obliga a modificar el desarrollo reglamentario y en ocasiones adaptar la también farragosa legislación autonómica, podemos calificar la situación simplemente como caótica. Nunca ningún legislador presentó un trabajo tan precipitado ni tan técnicamente cuestionable. El juego de disposiciones transitorias, adicionales y finales que se contienen en todas estas leyes que he citado, y en las decenas de modificaciones que han sufrido es tan complejo que podemos afirmar que estamos ante una clara estrategia de desinformación. Una gran fiesta legislativa,  pero nuestra casa sin barrer. Por ejemplo, el    Anexo España al Informe de lucha contra la corrupción de la UE (COM(2014) 38 final ANNEX 9) , publicado este mismo mes de febrero, entre otras cosas dice:

 “Las comisiones parlamentarias a nivel central y regional encargadas del seguimiento de las obligaciones en materia de publicidad del patrimonio de los cargos electos tienen un papel de supervisión limitado. No están sujetas a la obligación de comprobar la exactitud de las declaraciones patrimoniales de los cargos electos y no hay registros de las sanciones impuestas por ellas. Por lo que se refiere a los cargos de libre designación a nivel regional y local, hoy por hoy no existe ningún mecanismo de verificación de sus declaraciones patrimoniales obligatorias”.

La regeneración de la vida pública produciría casi de inmediato la recuperación de la confianza, y la confianza inversión, empleo y desarrollo. El enloquecido dictado de nuevas normativas sólo dificulta  la solución del problema de la corrupción pública.  La lectura de muchos párrafos de los dos informes europeos que he citado resulta deprimente. Y eso que nadie en Europa tiene especiales deseos de destapar las verdades…

Jorge Jiménez Leube

Prof. de Derecho Administrativo Universidad Alfonso X “El sabio”

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