lunes 6/12/21

La Fiscalía de Madrid pide el archivo de la causa sobre el rescate a Plus Ultra

La Fiscalía de Madrid ha pedido el archivo de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, al considerar que el último informe pericial aportado a la causa no permite concluir que la compañía estuviera en crisis en el momento en el que recibió la ayuda

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En su escrito al juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía se remite a esta pericial, según la cual Plus Ultra cumpliría, por lo general, "con la práctica totalidad de las condiciones establecidas" por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para conceder los préstamos

La decisión del Ministerio Público se produce a raíz del informe "Plus Ultra Líneas Aéreas S.L.", de Martín Molina Abogados y Economistas, encargado por el juzgado el pasado junio "con el fin de informar si la compañía cumplía en el momento de la concesión de la subvención pública la normativa aplicable".

Hasta entonces, recuerda la Fiscalía, el sumario contaba con dos informes de expertos independientes que, con base en la información aportada por registros públicos, avalaban la concesión de la ayuda.

A ambos se le suma ahora esta nueva pericia, la cual determina que "Plus Ultra cumpliría con la práctica totalidad de las condiciones establecidas, a pesar del amplio espectro de alguna de las mismas, excepto en lo referido a si la sociedad se encontraba, o no, en 'situación de crisis' a 31 de diciembre de 2019".

Respecto a este punto, la fiscal expone que las dudas del perito sobre la situación patrimonial de la compañía a cierre de dicho ejercicio "se refieren a la existencia de un préstamo participativo, a no haber registrado provisiones, cancelación de la deuda de los bonistas y posible situación de insolvencia".

No obstante, el análisis efectuado por el experto contempla cuatro escenarios posibles, "dos de los cuales no permiten colegir que la sociedad estuviera en crisis" en esa fecha.

En su opinión, ello evidenciaría que "al menos en esos casos, se cumpliría la totalidad de las condiciones establecidas".

LA AEROLÍNEA CELEBRA LA PETICIÓN

En una nota de prensa, Plus Ultra se muestra satisfecha con las alegaciones e insiste en que "ha acreditado de forma íntegra y transparente" toda la información y documentación necesaria para seguir los pasos y procesos exigidos para una financiación "sin la cual no hubiera podido continuar operando tras el impacto de la crisis de la covid-19".

La aerolínea reitera además que la SEPI "llevó a cabo un exhaustivo control de cumplimiento de todos los requisitos que el organismo exigía para acceder al rescate".

UNA AYUDA POLÉMICA

El pasado 9 de marzo el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Ello suscitó las críticas de sus competidores y de los partidos de la oposición, entre ellos el PP, que solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso al considerar que es una empresa española "no estratégica" con gran peso de capital venezolano y panameño.

Apenas un mes después, un juzgado de Madrid abría diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo por presunta malversación.

En el marco de esta investigación, la Justicia llegó a paralizar el segundo tramo de ayuda, por importe de 34 millones de euros, que acabó siendo desembolsado en agosto con el visto bueno de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado.

Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia ha puesto en una situación difícil.

Es una compañía española que comenzó a operar en junio de 2015, con vuelos regulares de largo radio desde Madrid y Tenerife a diferentes destinos con aviones A340/300 y A340/600, y que da empleo directo a 345 personas y, de manera indirecta, a 2.500 personas. EFE

 

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