martes 22/6/21

Forenses y psiquiatras dicen que no existe síndrome de alienación parental

Forenses y psiquiatras han constatado que el síndrome de alienación parental, sobre el que se fundamentó la resolución de la Diputación Foral de Bizkaia que retiró a una madre la custodia compartida dictada por un juez, no aparece en ningún listado de patologías de instituciones médicas internacionales

Niño y adulto

El juicio en la Audiencia de Bizkaia contra el diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y tres funcionarias del Servicio de Infancia ha quedado visto para sentencia, tras una sesión en la que se ha desacreditado esa supuesta patología que psicólogas habían apreciado en la niña, que rechazaba estar con su padre, cuando tenía cinco años.

La Sala ha escuchado una grabación del audio del momento en que separan a la niña de la madre con cuatro minutos de lloros y gritos de la menor llamando a su "ama" y rogando desconsolada a las funcionarias "soltarme, soltarme".

Lo escuchado en esa grabación contradice el relato de las acusadas presentes y los ertzainas que manifestaron ante el tribunal que no fue un acto "violento" y que la niña, aunque protestó al principio, se fue "tranquila".

Las grabaciones de las cámaras de esa sede foral del día de la separación de la niña de su madre desaparecieron y por eso se ha escuchado esa prueba de audio que un trabajador foral "con conciencia" entregó a la madre, Irune Costumero, según su letrado Iñaki Arana, que cree que "desmonta el cuento chino" que la Diputación contó sobre cómo fue esa separación.

La acusación ha vuelto a solicitar la condena de los cuatro acusados a 5 años, ocho meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por los presuntos delitos de prevaricación continuada, maltrato y un delito de lesiones psíquicas tanto a la madre como a la hija.

Los informes forenses y los peritos de la acusación han manifestado su convencimiento de que Irune Costumero es una víctima de la violencia de género, a pesar de que su expareja haya sido absuelto, y han coincidido en que la separación de su madre durante casi cuatro años ha causado un daño psicológico en la menor, que a día de hoy sigue rechazando al padre.

Para la acusación, mantener a la madre prácticamente desvinculada de su hija durante más de tres años, sin aceptar pernoctas ni vacaciones con su hija, es "una tortura" y evidencia que hay "continuidad delictiva".

La psicóloga clínica Sonia Emilia Vaccaro ha declarado como perito sobre el daño psicológico de Costumero y ha expuesto que es una mujer víctima de violencia machista, "devastada" por la separación de su hija y "no hay razón empírica" que justifique "la crueldad" de esa medida.

Por su parte, la fiscal y la defensa reclaman su libre absolución y que la madre pague las costas por "temeridad y mala fe procesal".

El ministerio público ha defendido la legalidad de la actuación de los acusados ante "la situación de extrema gravedad" que psicólogos habían observado en la niña que no podía tener relación con su padre, que estaba perfectamente capacitado para cuidar de ella pero la madre se lo impedía.

Se ha mantenido firme en la defensa del síndrome de alienación parental de la menor y ha enumerado otros casos en que si se aceptan los rasgos en los hijos cuyos padres les han instrumentalizado, aunque "no como síndrome sino como desorden".

A su juicio, el servicio foral trató de proteger a la menor para que recuperara el vinculo paterno y no hubo prevaricación ni tampoco delito de lesiones en la madre ni la niña, ya que "no tienen ningún tipo de trastorno ni tratamiento físico ni psíquico", ha sentenciado.

La defensa ha hecho suyas todas las alegaciones de la fiscal y ha reprochado que se haya metido a los cuatro acusados "en el mismo saco" sin haber detallado responsabilidad individual por su concreta actuación.

Ha asegurado que como la madre no facilitaba los encuentros con el padre porque "quiere tenerla en exclusiva", tuvieron que adoptar la medida de protección de la menor de alejarla de ella.

Ha considerado que la petición de 600.000 euros de indemnización por daños psicológicos es "muy osada" ya que éstos "no se han acreditado". EFE

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