El recurso fue redactado por el despacho de Albert Rivera, al que recurrió el PP para impugnar la ley 11/20 aprobada por el Parlament de Cataluña.

El texto legislativo obliga a congelar o bajar el precio de los alquileres en las zonas con "tensión" residencial de las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, aunque quedarán exentos los arrendadores "vulnerables", y considera como tales a los que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

La vicepresidenta del TC Encarnación Roca será la ponente de la sentencia tras la admisión del recurso, que no supone la suspensión de la ley al ser presentado por 50 diputados y no por el Gobierno central.

Según el bufete Martínez-Echevarría & Rivera Abogados, esa ley contraviene preceptos legales fundamentales recogidos en la Constitución, como planteó el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat en un informe en el que advirtió de que excedía las competencias atribuidas al Parlamento autonómico conforme a la Constitución y el Estatuto.

Asimismo, argumentó que la norma interviene el mercado, coartando la libertad de propietarios e inquilinos para fijar los precios de las rentas de alquiler.