miércoles 16.10.2019

Un tercio de las gasolineras francesas se quedan sin combustible

El coste económico de las huelgas por la reforma del sistema de pensiones se sitúa entre 200 y 400 millones de euros por cada jornada de paro 

Un tercio de las gasolineras francesas no podían vender esta mañana carburantes por la falta de aprovisionamiento causada por las protestas ante la reforma de pensiones en Francia.

La Unión de Importadores Petroleros (UIP), que reúne a las gasolineras independientes, reconoció que la situación había empeorado respecto a ayer, cuando el Gobierno admitía problemas en una cuarta parte de las estaciones de servicio, y estimó que eso significaba que la tercera parte carecían de combustible.
La UIP, como la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP), -que agrupa a los grandes grupos del sector-, insistió en que la situación debía mejorar a partir de esta tarde, con la vuelta al trabajo de miles de camiones cisternas, que ayer habían tenido que parar por el descanso dominical.

La escasez de carburante no era homogénea en toda Francia, ya que mientras en las zonas fronterizas muchos automovilísticas cargaban sus depósitos en los países limítrofes, de donde llegaban también importaciones masivas, en el oeste había departamentos (por ejemplo en Bretaña) en los que alrededor de la mitad de las gasolineras se habían visto obligadas a cerrar.

Las protestas contra el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones, que debe finalizar su tramitación parlamentaria el próximo miércoles, seguían manteniendo sin actividad las doce refinerías del país por el paro de sus trabajadores.

Siguiendo las consignas del Gobierno, las fuerzas del orden continuaron desbloqueando este lunes depósitos de carburante en los que los manifestantes impedían el acceso a los camiones de aprovisionamiento.

Esta mañana, actuaron en las instalaciones de Saint Pierre de Corps, cerca de Poitiers, en otro de Shell en Valence y en uno de Total en Porte les Valence.
También desalojaron a los varios cientos de huelguistas del puerto de Marsella que esta madrugada habían cerrado los accesos a los depósitos petroleros de la terminal de Fos sur Mer, el mayor del sureste de Francia.

Uno de los efectos de la escasez de carburante, y del tirón del consumo por un efecto de acaparamiento son las subidas de los precios, que según la ministra de Economía, Christine Lagarde, han sido "sistemáticas" y de una media de dos a ocho céntimos por litro.

Lagarde, que atribuyó esas subidas a los incrementos del coste del transporte derivado de las huelgas, indicó que su departamento ha llevado a cabo más de 2.000 controles, y que se han abierto 40 procedimientos sancionadores por abusos en el incremento de los precios.

El coste económico de las huelgas por la reforma del sistema de pensiones en Francia se sitúa entre 200 y 400 millones de euros por cada jornada de paro interprofesional, señaló la ministra de Economía.

El paro afectaba de nuevo este lunes a los ferrocarriles, aunque menos que los últimos días. La compañía SNCF indicó que funcionaban más del 80% de los trenes de alta velocidad (TGV), en torno a dos tercios de los regionales, un 70% de los cercanías y un 60% de los trenes de noche.

Sin embargo, la pasada noche siguieron sin circular los trenes que conectan París con Madrid y Barcelona en uno y otro sentido, y tampoco lo harán la próxima noche, precisó una portavoz de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF).

El proyecto de ley que retrasa en dos años la edad de jubilación dio este lunes un nuevo paso en su tramitación al ser adoptado en la comisión mixta paritaria de diputados y senadores.

El texto de la comisión paritaria será sometido a un voto mañana por el pleno del Senado y el miércoles por el de la Asamblea Nacional, y a partir de entonces se abre un periodo en el que la oposición de izquierdas podría presentar un recurso ante el Consejo Constitucional.

En este caso, y si el Gobierno impone al Consejo Constitucional el procedimiento de urgencia, tendría un plazo de ocho días para emitir un dictamen, lo que podría llevar a mediados de noviembre.

La promulgación de la ley la tendría que hacer en un máximo de quince días el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que no obstante podría pedir una nueva deliberación del Parlamento.