lunes 16.12.2019
Los concejales imputados se "harán una infanta"

La privatización jurídica se la lía a Carmena

El recurso a bufetes privados, ante la desconfianza con los servicios jurídicos municipales, mete a la alcaldesa de Madrid en un lío. Los concejales imputados pretenden evadir su imputación desplazando a la exconsejera de Madrid Destino la responsabilidad de los delitos por los que son investigados

Manuela Carmena.
Manuela Carmena.

Sánchez Mato y Mayer no dimitirán. La doctrina de la imputación ya no existe, y una investigación judicial solo es una amenaza a la ética de los concejales. El caso es que los informes encargados y las querellas presentadas, sin conocimiento del Ayuntamiento, ponen en un apuro a la alcaldesa y en los juzgados a los concejales. La estrategia de los imputados va a ser desplazar su responsabilidad hacia Ana Varela, exconsejera de la Sociedad Madrid Destino, para evadir la suya.

La privatización de la asesoría jurídica

Cueto y Carmena padecen ahora la obsesión de los equipos de Ahora Madrid y Podemos por desconfiar de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y contratar bufetes. Una de las fuentes de desconfianza hacia los servicios jurídicos municipales, un cuerpo integrado por 30 asesores, nace cuando Carmena nombra director general de la Asesoría Jurídica a Ángel Luis Ortíz González, el juez que absolvió a Esperanza Aguirre de su incidente de tráfico en la Gran Vía. Carmena y Ortiz mantienen desde que coincidieron en las listas de Jueces para la Democracia, diversos ámbitos de colaboración personal y profesional. Pero este nombramiento, como tantos otros, no es en absoluto del agrado ni la confianza de los concejales del propio equipo de la alcaldesa.

En lo que se refiere a los servicios jurídicos de la entidad Madrid Destino, los concejales ahora imputados los han considerado “poco especializados” y “con sobrecarga de trabajo”. El Ayuntamiento, en consecuencia, ha privatizado reiteradamente la asesoría jurídica y ha usado profusamente gabinetesde confianza, orillando a los servicios municipales.

Los letrados del Ayuntamiento de Madrid elaboraron entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2017 tres informes sobre el convenio del Open de Tenis para indagar irregularidades, concluyendo que no se detectaban. Los informes han mantenido el criterio de que derechos de sede y patrocinio son cuestiones jurídicamente distintas y separables, por lo que su articulación por separado no sería irregular.

El recurso a los bufetes

Fue a partir de aquí cuando los concejales encargaron informes externos para encontrarlos. Uno de estos informes les sirvió de base para presentar una denuncia ante la fiscalía, a espaldas de la alcaldesa y del Consejo de Administración.

El dictamen definitivo corresponde al bufete Alemany, Escalona & De Fuentes, que también fue contratado para justificar las medidas judiciales que el Consistorio desea llevar a cabo para solicitar la nulidad radical del proceso de venta de vivienda social. Dictamen que fue contratado, a pesar de que la Cámara de Cuentas ya había hecho público un informe que, probablemente, lo hacía innecesario.

De Fuentes, que fue Abogado General del Estado, no podía desconocer que la contratación, a espaldas del Consejo de Administración, no se sostenía en la legalidad. Fue este bufete quien afirmó que Madrid Destino pagó a los organizadores del evento el 50% del “derecho de sede” (prize money) como si fuera un gasto más del patrocinio del evento, pero encubierto. Este pago, que inicialmente era de 1,5 millones, creció con los años, señala el documento. El informe no recogía el el valor del retorno en promoción del evento (que se valora en 90 millones de  euros)

Las antenas mediáticas habituales del bufete Alemany, Escalona & De Fuentes se hicieron eco desde el primer momento de los contenidos del dictamen atribuyéndolos al Ayuntamiento, antes de que los informes fueran legalmente presentados.

Otro informe fue encargado al abogado Juan Manuel Ruiz Sanz que ejerce como abogado en la organización Lex Iusta que, a pesar de presentarse en la web como una ONG de servicios gratuitos, fue objeto de contrato.

Ana Varela, habría contratado previamente al bufete Nazaret. El dictamen firmado por los letrados Jesus Galache Riesco y María Soledad Sánchez Merino, formula observaciones críticas, llegan a sugerir “duplicación de contrato” pero no servía de base para los objetivos de los ahora imputados.

El bufete no indicó ninguna ilegalidad aunque aconsejó analizar más documentación.

La cronología demuestra el conflicto político municipal y la voluntad de los imputados. El primer informe  se pidió en noviembre de 2016, cuando los abogados del Ayuntamiento ya habían presentado su primer documento sin detectar ilícitos penales relevantes. La segunda petición en febrero de 2017, cuando los letrados municipales ya habían elaborado dos documentos sin detectar ilegalidades. En ese momento ya era conocido la violuntad de la alcaldesa de cesar a Mayer, Mato y Varela en Madrid Destino.

Se harán una “infanta”

Las reacciones que trascienden del entorno del Concejal y Concejala imputados se desprenden que pretenden “hacerse una infanta”, según se ha escuchado esta mañana en el Ayuntamiento. Pretenden presentar la contratación irregular de los bufetes  como una iniciativa de la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, también imputada.

Según la doctrina que empiezan a desarrollar en el consistorio, la baja maternal de Mayer o el no seguimiento diario de la entidad por parte de Sánchez Mato dejaría como única responsable de las decisiones que el juez considera delito (malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario) a la exconsejera.

Habría sido esta la que habría desoído a los servicios municipales y se habría encargado de la relación con los bufetes, lo que exoneraría a Mayer de responsabilidad.

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