martes 15.10.2019

Marlaska interroga a 10 presuntos "enlaces" entre ETA y sus presos

Tres de los diez arrestados en la operación del pasado miércoles son abogados

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska interroga este lunes a los diez detenidos el pasado miércoles en Vizcaya y Guipúzcoa, entre ellos tres abogados que habitualmente defienden a presos de ETA, por servir de correos con la organización terrorista y gestionar la huida de etarras.

El magistrado coordinó esta operación desarrollada por la Guardia Civil, en la que también ha colaborado la policía francesa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que posibilitó el arresto el pasado viernes en Hendaya (Francia) del presunto jefe del grupo de letrados que hacían de enlace entre la cúpula etarra y los presos de la banda, David Pla.

Dicha operación contra lo que el Ministerio del Interior ha denominado el "Colectivo de Abogados de apoyo a ETA" fue posible gracias a la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, "Thierry", responsable del aparato político de ETA, detenido en mayo del 2008 en Burdeos.

Tres de los diez arrestados el pasado miércoles, a los que el juez imputa los delitos de integración en organización terrorista o colaboración con ETA, son abogados: Arantza Zulueta, una de las voces habituales entre los letrados de la izquierda abertzale, Jon Enparantza, que representa a la familia del etarra fallecido Jon Anza, y el ex futbolista de la Real Sociedad Iker Sarriegi.

El resto de personas que comparecerán ante Grande-Marlaska son el pintor y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco Erramun Landa Mendibe -hermano del ex parlamentario de Batasuna Karmelo Landa-, la ex etarra Naia Zuriarrain, la responsable de Etxerat Saioa Agirre Arauko y el que fuera miembro del "comando Barcelona" de ETA José Luis Gallastegui Lagar.

También declararán el veterano etarra José Domingo Aizpurua Aizpuru, el miembro jubilado de LAB Juan Maria Jauregi Zalakain y el ingeniero Asier Etxabe Azkue.

Según el ministro de Interior, los acusados constituían un entramado de letrados "a tiempo parcial" que, además de ejercer de defensores de etarras, se dedicaban a recopilar información sobre posibles objetivos de la banda, entre ellos el propio Alfredo Pérez Rubalcaba.

Captaban además militantes para la banda, actuaban de mediadores en el pago del llamado "impuesto revolucionario" y ejercían de "comisarios políticos" en las cárceles.

Asimismo, facilitaban la huida de miembros de ETA buscados por las fuerzas de seguridad y servían de correa de transmisión y comunicación entre la dirección de la banda y sus diferentes estructuras.