martes 28/9/21

La Fiscalía pide ampliar seis meses la investigación sobre el Banco Popular

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular que prorrogue seis meses la instrucción del caso, por su complejidad

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Ana Botín presidenta de Banco Santander

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular que prorrogue seis meses la instrucción del caso, por su complejidad y dada la "imposibilidad de culminar" las pesquisas en el plazo previsto, que expira el próximo 29 de julio.

En un informe al que ha tenido acceso Efe, el fiscal Antonio Romeral propone ampliarlo para practicar las pruebas oportunas en base a la "numerosa documentación" solicitada al Banco de España, al Banco Central Europeo (BCE) y al Banco Santander, y que aún no ha sido aportada "pese a los constantes requerimientos".

No obstante, aclara, el que no se hayan atendido los reclamos de información no prueba una "despreocupación" de estos organismos y entidades, sino que constata el "volumen y complejidad" de estos archivos, lo que "dificulta su localización y ordenación".

En opinión de la Fiscalía, esta documentación "es de indudable valor para el esclarecimiento de los hechos y, sólo después de su estudio es posible determinar y concretar las diligencias necesarias".

Éstas podrían pasar bien por "ampliar las periciales acordadas, aportar nuevos documentos que la complementen o recabar el testimonio de las personas que hayan intervenido en los hechos investigados".

DECLARACIONES PENDIENTES

Asimismo recuerda al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que aún hay declaraciones pendientes de practicar, muchas de ellas ya acordadas, como "las de funcionarios de los supervisores bancarios, el Banco de España y el BCE".

Estos testimonios, entre los que se encuentra el de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, el próximo 27 de julio -dos días antes de que concluya el actual plazo de instrucción-, podrán "arrojar luz sobre cuestiones controvertidas y constatables mediante la aportación de otros documentos".

En un auto fechado este lunes, el juzgado da traslado del escrito de Anticorrupción a las partes, a las que concede un plazo de tres días para que se pronuncien.

CUATRO AÑOS DESDE LA RESOLUCIÓN

Precisamente hoy se han cumplido cuatro años desde que la JUR ordenara la resolución del Popular, ejecutada en España por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y de su posterior venta al Banco Santander a un precio simbólico.

Esa operación, del 7 de junio de 2017, supuso la amortización o reducción a cero de todas las acciones y de los bonos de la entidad, lo que desencadenó una avalancha de reclamaciones en los tribunales, españoles y comunitarios.

En octubre de ese año, la Audiencia Nacional admitió a trámite las primeras querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

Se abrieron entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización. 

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