miércoles 22/9/21

El aviso del Palau

Una parte de la sociedad catalana asiste atónita al goteo de revelaciones sobre el presunto latrocinio perpetrado en una de sus instituciones más emblemáticas, el Palau de la Música, al parecer liderado por quien ocupaba la presidencia desde hace nada menos que tres décadas. Algunas estimaciones hablan de posible distracción de hasta 11 millones de euros, pero los procesos de investigación judicial y auditoría puestos en marcha tienen todavía un largo trecho por recorrer. La perplejidad no sólo está provocada por la personalidad del que se considera principal implicado, quien por cierto ya ha reconocido públicamente parte de su culpa y expresado arrepentimiento, sino por el hecho de que muchas personas y entidades llevan años aportando donaciones a la entidad, con el añadido de la amplia cobertura público-política que siempre ha disfrutado.

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, con el reciente añadido del Ministerio de Cultura, han subvencionado los últimos años con decenas de millones de euros, tanto la actividad normal del Palau como las sucesivas obras de ampliación y mejora de los espacios que ocupa junto a la Vía Laietana de la Ciudad Condal. Y, como es lógico, las tres administraciones cuentan con representantes permanentes en el Patronato y demás órganos de supervisión y control (?) que rigen la entidad, donde también se sientan algunos de los más destacados donantes y representantes de otras instituciones de la sociedad civil catalana.

Sin embargo, a medida que se conocen detalles de lo ocurrido, aumenta la convicción de que ninguno se enteró de lo que estaba ocurriendo en la gestión.

No es la primera ni única vez que se destapan episodios de este tipo en entidades receptoras de fondos públicos, en este caso también privados, otorgados en nombre del fomento y la preservación de la cultura nacional. Lo que debería mover a una reconsideración a fondo de los mecanismos de asignación de recursos presupuestarios y muy especialmente a los sistemas de vigilancia sobre su uso.

Una de las cuestiones a replantear debería ser el automatismo que parece regir en demasiadas aportaciones, poco menos que sobreentendido en cuanto media la incorporación de cargos electos como representantes de la administración que sufraga, con el consecuente brillo social que otorga sentarse en algo tan emblemático como, en este caso, el Palau barcelonés. Su presencia, en muchos casos silente, en unas pocas reuniones a lo largo del año, muchas veces sin correlación directa con su responsabilidad cotidiana, acaba no trascendiendo la satisfacción y el prestigio de ocupar el sillón.

Afortunadamente, esta vez la cosa ha terminado en el inicio de un proceso judicial que es de esperar escarmiente y prevenga, pero que se haya gestado impunemente durante tantos años da que pensar.

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