miércoles 21/4/21

Sociedad

El Defensor cree que la credibilidad del sistema de asilo está comprometida

El Defensor del Pueblo ha recomendado revisar "en profundidad" la manera en la que se informa sobre el asilo a los inmigrantes que llegan a Canarias y puedan necesitar protección internacional, ya que la falta de acceso al procedimiento retrasa "injustificadamente" su tramitación y puede comprometer "gravemente" la credibilidad del sistema

patera inmigrantes Canarias

En el informe "La migración en Canarias" que ha entregado este miércoles a las Cortes Generales, Francisco Fernández Marugán subraya que el acceso al procedimiento de asilo es "uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sistema español y europeo" y sostiene que hay que mejorar la coordinación para dar una "respuesta coherente" a los desafíos que plantea su gestión.

En 2020 se presentaron en toda España un total de 88.762 solicitudes de protección internacional, de los que 3.983 se formalizaron en Canarias, según el balance de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior.

El Defensor del Pueblo detalla en su informe las principales nacionalidades que presentaron demandas de protección internacional en las islas: Venezuela (2.696), Colombia (653), Mali (189), Cuba (167), Marruecos (74), Rusia (37) y Senegal (32).

Unas cifras que contrastan con los 23.023 inmigrantes africanos que llegaron irregularmente a las costas del archipiélago: 4.126 procedentes de Mali, candidatos todos a recibir protección internacional por la recomendación vigente de Naciones Unidas de no devolver a nadie a ese país, azotado por el terrorismo y años de guerra civil.

"El acceso (al sistema de asilo) debe estar necesariamente complementado con una correcta información sobre la posibilidad de ejercer ese derecho", asevera el Defensor, que incide en que "sea cual sea la forma de entrada en España", hay que facilitar información adecuada sobre la protección internacional y ésta debe ser "accesible" y "comprensible"

Advierte de las condiciones en las que se producen las llegadas a costa tras largas travesías con riesgo para la vida, y considera que en los momentos posteriores al rescate, "no parece que se den las circunstancias adecuadas para que estas personas puedan comprender la información que reciben y sus consecuencias".

También aboga por "clarificar" el papel que juegan la Policía Nacional y los abogados de oficio para transmitir esa información, "a fin de que no quede en una garantía meramente formal", y considera necesario que los agentes reciban una formación adecuada sobre el derecho de asilo y que mejore la calidad de la asistencia letrada.

En este sentido, el Defensor detalla que recibe "numerosas quejas" sobre el seguimiento que la Policía Nacional realiza de aquellos casos en los que la persona extranjera manifiesta su intención de solicitar asilo durante la tramitación del expediente de devolución.

Una intención que se anota en la base de datos policial ADEXTRA, pero que después no figura en la de la Oficina de Asilo y Refugio porque se demora durante meses su formalización, "o en numerosas ocasiones no llega a formalizarse", precisa el informe, que advierte además de que los letrados que participan en esa primera asistencia en costas "no siempre hacen el debido seguimiento" por distintas causas.

Para el Defensor, la falta de acceso al procedimiento retrasa "injustificadamente" su tramitación y supone "una barrera de acceso a otros derechos", por lo que reclama que se revise el trabajo de la Policía Nacional "para afrontar la gestión de las solicitudes de asilo", en cuanto a la asignación de citas previas, la realización de entrevistas de asilo y la expedición de documentación".

"La demora en las citas para formalizar la solicitud de asilo compromete gravemente la credibilidad del sistema", sostiene Fernández Marugán. EFE

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