miércoles 03.06.2020

La Corte Suprema de Honduras rechaza la propuestas de Arias porque se oponen a la legalidad

La Corte Suprema de Justicia de Honduras rechazó varios puntos de la propuesta del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para buscar una salida a la crisis política causada por el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya, por considerar que se oponen a la legislación local. En un comunicado divulgado este domingo, la Corte argumentó que "cualquier arreglo de tipo político que se derive del Acuerdo de San José, no obstante su objetivo de lograr la unidad y reconciliación nacional", debe implementarse "bajo el amparo de la Constitución y las leyes" de Honduras. "Sería un auténtico contrasentido" que el acuerdo se implementara fuera de la legislación hondureña, señaló en el comunicado, en el que la Corte plantea su opinión sobre los puntos que le competen de la propuesta, enviada en consulta por el Ejecutivo.

Sobre el regreso de Zelaya reitera que "existen acciones penales presentadas (contra él) por la Fiscalía General de la República", por lo que, "mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal".

Zelaya tiene orden de captura por delitos cometidos en relación con una consulta popular que pretendía celebrar para promover una Asamblea Constituyente el 28 de junio, cuando los militares lo derrocaron y el Parlamento designó a Roberto Micheletti en su lugar.

Con respecto a una amnistía política y moratoria en juicios comunes, la Corte afirmó que "la única forma de finalizar o suspender estos procesos penales es de conformidad a lo regulado en nuestra legislación".

Admitió que el "gobierno de unidad y reconciliación nacional" propuesto por Arias, formado por representantes de los partidos políticos, "se inserta dentro de los ideales de la democracia participativa", pero que según la Constitución es potestad del Ejecutivo nombrar y separar libremente a ministros y viceministros.

Además, sobre una eventual renuncia expresa de Zelaya a promover una Constituyente, la Corte reafirmó que la ilegalidad de esa iniciativa fue, precisamente, una de las causas de que la Fiscalía le acusara de delitos contra la forma de Gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Ratificó que la propuesta de que las Fuerzas Armadas pasen "a disposición" del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un mes antes de las elecciones de noviembre es la misma disposición contenida en la legislación hondureña, pero aclaró que la institución militar debe seguir bajo el mando del presidente del país, según la Constitución.

También indicó que las actuaciones de la comisión de verificación propuesta por Arias deberán sujetarse a la legislación local y "sin menoscabo" de las atribuciones de las instituciones del país.

Otro punto de la propuesta, como el adelanto de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, fue rechazado hace varias semanas por el TSE, mientras que el Parlamento dijo estar abierto a discutir una amnistía política a los implicados en el conflicto si las partes acuerdan que se otorgue.

La Corte emitió su posición en la víspera de la llegada al país, en el marco de la mediación de Arias, de una comisión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) para seguir buscando una solución a la crisis.

La vicecanciller hondureña, Martha Alvarado, dijo a la prensa que los cancilleres son "bienvenidos", pero reiteró que el retorno de Zelaya "no es negociable" y que "la comunidad internacional no puede imponerle a un país lo que sea por encima de las leyes".



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