lunes 24/1/22

 Es de libro. La legítima defensa, defensa propia o autodefensa es el recurso absolutamente justificado como contraataque o repulsa de una agresión previa, con el fin de proteger la integridad o los bienes jurídicos propios. Y en esas estamos.

            Una parte de nuestros políticos y una minoría de la opinión pública ha venido en términos históricos denigrando o, al menos, infravalorando e incluso ridiculizando la magnífica aportación que hacen nuestros bares y restaurantes no sólo al propio tejido productivo del país sino a nuestra idiosincrásica cultura, a nuestra forma de ocio y nuestro estilo de vida. El ser humano -a veces se olvida- tiene tanto derecho al trabajo como al esparcimiento, naturalmente con el debido respeto a los demás.

            Así que tiene toda la lógica que un grupo de juristas que ha pasado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional estén coordinando estos días la denuncia por la que los pequeños empresarios y autónomos que hacen el grueso de la hostelería lanzan un irrevocable ‘basta ya’ a los atropellos del gobierno de España.

            Han sido engañados por un presunto plan de rescate al gremio que no ha sido tal, han sido ignorados en su reclamación de ayudas, han soportado como el profeta Simón les cargaba arbitrariamente (en falso) con la responsabilidad de los muertos e infectados de la tercera oleada de la pandemia.

            En la demanda colectiva que se ha iniciado se reclaman daños y perjuicios por valor de 55 millones de euros, se hace responsable a la Administración del Estado del desconcierto y las pérdidas que, más allá de las que se habrían asumido en circunstancias normales, se han ocasionado y añadido por decisiones clamorosamente lesivas que en modo alguno beneficiaban, en términos científicos y médicos, a la protección de la salud.

No lo olvidemos. Hay restauradores que han echado definitivamente la persiana. Para siempre. Y a los que, por supuesto, ha preocupado y preocupa el avance del bicho en sus distintas variantes y cepas. Pero los tribunales de justicia están concebidos precisamente para reparar el daño de quien lo causa. Y aquí, más allá del covid-19, hay autores y promotores de normas que han agravado un desastre por el que, tal vez, pronto tengan que pagar.

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