lunes 2/8/21

Los grandes propietarios rechazan la prórroga del decreto antidesahucios

La asociación de propietarios de vivienda en alquiler Asval ha manifestado su rechazo a la prórroga de tres meses del decreto antidesahucios y del que reguló las ayudas al alquiler durante el estado de alarma y ha advertido al Gobierno de que esa "no es la solución al problema del alquiler en España"

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Tras el anuncio por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la prórroga de estos decretos, cuya vigencia expiraba el 9 de mayo con el fin del estado de alarma, Asval ha reiterado su petición de destinar ayudas públicas directas por valor de 700 millones de euros para los colectivos más vulnerables aprovechando los fondos europeos.

"La prórroga de estas medidas no es la solución al problema del alquiler en España y carga sobre los grandes propietarios la responsabilidad de la administración de dotar de una vivienda pública a los colectivos vulnerables", señala en un comunicado la asociación que preside el exalcalde socialista de Barcelona y exministro Joan Clos.

Tras recordar que España tiene un importante déficit de vivienda pública (2,5 % del parque), Asval insiste en que las medidas deben ir enfocadas a paliar este problema y a favorecer el desarrollo del alquiler en España, "no a generar más inseguridad jurídica y desprotección a los propietarios".

Los grandes propietarios sostienen que los decretos que se van a prorrogar "legalizan la ocupación ilegal y amparan a ocupas ilegales, lo que genera un efecto llamada que afecta tanto a grandes como pequeños propietarios, comunidades de vecinos, barrios y a la sociedad en general".

Apuntan que también convierten a España en una anomalía dentro de la Unión Europea, lo que daña su imagen exterior como país, y hacen hincapié en que el Gobierno justificó que estas medidas eran excepcionales con motivo del estado de alarma.

Asval denuncia además que el ejecutivo aún no ha regulado las compensaciones a grandes tenedores por la paralización de lanzamientos sin alternativa habitacional y le acusa de "incidir en medidas discriminatorias hacia los grandes propietarios y de dudosa constitucionalidad".EFE

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