Transparencia sin confianza

La ley de transparencia y buen gobierno ya está lista para su envío a las Cortes. El Consejo de Ministros publicaba los cambios recogidos de la consulta pública junto a los resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera, “un auténtico pacto de Estado” para reducir el déficit, según la triunfante declaración de la vicetodo Soraya Sáenz de Santamaría. Pero poco más tarde se conocía que Madrid, Valencia y Castilla y León incumplían el déficit comprometido. El déficit del Estado pasa del 8,5 al 8,9% del PIB pese a lo anunciado hasta entonces. A los responsables de la mala gestión y del ocultamiento de los datos no se les podrán aplicar las sanciones previstas en la nueva ley de transparencia, pero gobierno y PP vuelven a demostrar que la transparencia sin confianza no es suficiente.

Este es el gobierno de la desconfianza. Empezó acusando al ejecutivo anterior de todos los males del país y mantiene el discurso de la catastrófica “herencia recibida” con un curioso juicio selectivo. La desviación de los ingresos es ocultamiento para el gobierno de Zapatero y las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, pero no cuando gobierna Esperanza Aguirre o el PP de la Comunidad Valenciana.

La ley de transparencia se presenta sin fiarse del comité de expertos formado para asesorar sobre el proyecto. El gobierno se apresura a cerrar trámites cuando sólo se ha celebrado una reunión de ese comité y antes de recibir sus recomendaciones.

Algo más se han fiado de la consulta pública sobre la ley. Pero no lo suficiente para publicar las 3.700 recomendaciones realizadas. Tampoco para recoger sugerencias como reconocer el acceso a la información pública como derecho fundamental, incluir a la Casa Real en la transparencia, el proceso legislativo, la actividad y contactos de los cargos públicos o las cuentas de todos los financiados con dinero público: partidos políticos, sindicatos y demás instituciones.

Rajoy y sus ministros no se fían de la oposición. Obstaculizan su trabajo legislativo gobernando permanentemente por decreto ley y acusan a cualquiera que se oponga a sus designios de poner en riesgo la recuperación económica.

El gobierno desconfía del apoyo europeo y no se fía siquiera de los ciudadanos, a los que intenta reducir su derecho a protestar criminalizando y descalificando cualquier disensión.

Rajoy y su gobierno no se fían ni de los suyos. En el texto de la ley de transparencia anida una visión restrictiva del derecho a la información, que comparte con el frustrado proyecto del gobierno Zapatero, y un código de buen gobierno demasiado aferrado a la urgencia de la crisis y a los dogmas de una política económica que no es la única posible, por mucho que la propaganda instale esa falsa certeza.

Aguirre, Fabra o Herrera no serán sancionados por la desviación presupuestaria ni por el ocultamiento de los datos. Que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, presuma de transparencia después de apretar a Asturias o Andalucía en el Consejo Fiscal y no hacerlo con las comunidades del PP incumplidoras es una desfachatez. Más viniendo del que ha sido responsable de la cuentas madrileñas.

A pesar de la permanente alusión de Rajoy, su gobierno y los líderes del PP a su seriedad y supuesta confianza, su conducta y acciones muestran porqué sospecha Europa y los ciudadanos recelan cada vez más de un gobierno que siempre acusa y hace de la desconfianza un principio de su política.

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