viernes 3/12/21

Los servicios se resisten

Tímidamente, la transposición de la directiva europea de servicios sigue avanzando en el Parlamento español. La nueva normativa debería entrar en vigor antes del próximo 28 de diciembre, pero a estas alturas está claro que el plazo marcado se incumplirá. Una consecuencia es el riesgo de que España acabe condenada en el Tribunal de Justicia comunitario, pero aún más importante es que se pospongan los efectos, presumidamente beneficiosos, de introducir su espíritu liberalizador e incentivador de mayor competencia en un conjunto de actividades que suman algo más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB).

La estimación de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) sobre las normas ya remitidas por el Gobierno a las cámaras legislativas es por lo general crítica: entiende que las reformas se quedan cortas, con excesiva pervivencia de estatus contrarios a lo dispuesto por la norma comunitaria, pero algo de cambio reseñable deben introducir, teniendo en cuenta la airada reacción de varios colectivos afectados: el más apreciable, los profesionales del taxi, entre otros lugares en la ciudad de Madrid. Menos ambiciosa parece ser la reforma de la ley de Ordenación del Comercio Minorista, no sólo por el contundente veredicto de la CNC, cuanto porque no da la sensación de haber suscitado movimientos en contra. Y ya se sabe que un cambio de reglas de juego que no provoca protesta... es que tiende a dejar todo demasiado igual.

Más allá del alcance de las reformas que acaben introducidas, cabe señalar lo que suele ocurrir en cada proceso de transposición de las directivas fijadas por el Parlamento Europeo y la Comisión. En el caso concreto de la denominada Bolkestein o de servicios, se dio a los Estados miembros un plazo de tres años para incorporar sus directrices a la legislación nacional. Pero, como es habitual, ha sido insuficiente, porque prácticamente nada va a entrar en vigor en la fecha marcada. Sin que pueda o deba servir de consuelo que ocurra otro tanto en buena parte de los países de la Unión.

La reflexión obligada es que muchos gobiernos y grupos políticos hacen constante gala de encendido europeísmo, con claros tintes de apoyo a la configuración del mercado interior y la liberalización de la economía, pero luego sucumben en casa a las presiones gremiales y el miedo a perder voto entre los colectivos presuntamente afectados. O, lo que es igual o peor, padecen una incapacidad burocrática para producir las leyes y someterlas a debate parlamentario en tiempo y forma.

Normalmente, conforme al acervo comunitario, corresponde a la Comisión Europea instar procedimiento de infracción a los estados que incumplen los plazos de transposición o la llevan a cabo de forma incompleta, defectuosa o en todo caso no acorde con lo dispuesto. En esta ocasión -directiva de servicios-, sin embargo, se ha introducido como innovación la potestad de cada país para promover ante el Tribunal de Justicia Europeo la causa por no aplicación de la norma. Una innovación que sugiere la profusión de demandas, de unos Estados contra otros... o no.

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