jueves, octubre 3, 2024
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Bruselas pide a España más ajustes en pensiones

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El progresivo envejecimiento de la población que se está experimentando en Europa, supone un riesgo para la viabilidad de las pensiones públicas. Desde Bruselas llevan años pidiendo ajustes a los estados miembros, y ahora han enviado un nuevo aviso a España.

La Comisión Europea cree que la nueva indexación de las pensiones con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC) y la eliminación del factor de sostenibilidad, van a disparar el gasto. Si España no realiza ajustes en los próximos años, superará el límite del 13,14% del PIB fijado por Europa para el pago de pensiones.

Bruselas prevé una tendencia ascendente del gasto en pensiones hasta 2050 por la progresiva jubilación de la generación del baby boom. Una vez aliviada esa presión demográfica, el gasto público en pensiones descenderá ligeramente y se estabilizará en torno al 17% del PIB.

Récord de gasto en pensiones

Este mes de abril la Seguridad Social ha destinado un total de 12.710,8 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, cifra que está un 6,2% por encima de la abonada en el mismo mes de 2022, según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad Social.

El pasado mes de julio fue la primera vez en la historia de España que el coste mensual de las pensiones superó los 12.000 millones de euros, y apenas unos meses después se ha superado ese récord por la conjunción del incremento del importe de las pensiones y del acceso a la jubilación de los miembros de la generación del baby boom. 

Tras la subida de las pensiones de conformidad con el IPC, la pensión media de jubilación en España ha ascendido en abril a los 1.439,1 euros mensuales, lo que supone un 4,8% más que en abril del año pasado.

En la actualidad, el gasto en pensiones supone el 11,5% del PIB.

El Informe de Envejecimiento 2024

El Informe de Envejecimiento 2024,  elaborado por la Comisión Europea, prevé un incremento del gasto promedio anual de las pensiones, que lo elevará hasta el 15,1% del Producto Interior Bruto (PIB).

A esto se le resta la estimación de ingresos promedio efectuada por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)  de un 1% del PIB, y el resultado es que el gasto neto en pensiones se elevará en unos años al 14,1% del PIB, lo que es 0,8 puntos por encima del máximo fijado por Bruselas. 

El informe señala que “las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de 3,3 puntos porcentuales del PIB en 2050 y de 5 puntos porcentuales en 2070”.

La Comisión Europea insiste en que España tiene que llevar a cabo nuevos ajustes de su sistema de pensiones si quiere garantizar la viabilidad del mismo, incluyendo medidas como la revisión del período del cómputo de cotización. De la adopción de estos ajustes depende el acceso a los más de 10.000 millones de euros que están pendientes de entregar dentro del plan de recuperación, y sobre los que la Comisión decidirá a mediados del próximo mes de mayo.

La AIReF va a revisar las proyecciones de ingresos de las medidas en función de la evolución del mercado laboral. Si la diferencia entre cifras supera el 13,3% del PIB, el Gobierno tendrá un plazo de un mes para presentar un plan de medidas correctoras y solicitar a la AIReF un nuevo informe cuantificando su impacto. 

Ese informe servirá como base para negociar un plan de ajuste con los agentes sociales y elaborar un proyecto de ley que debería estar listo para entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Si estos plazos no se cumplen, el tipo de cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional aumentaría el próximo año.

Por su parte, José Luis Escrivá, titular del Ministerio de Seguridad Social, ha destacado que la última reforma llevada a cabo sobre el sistema de pensiones combina de una forma equilibrada la contención del crecimiento del gasto con medidas que ayudan a reforzar los ingresos del sistema. 

El ministro también ha destacado que las últimas reformas están dando resultados notables a la hora de reducir las jubilaciones anticipadas y el incremento de las jubilaciones demoradas, lo que también supone un ahorro para el sistema.

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