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El Gobierno tampoco activa en esta crisis el sistema de seguridad nacional

Estrella Digital | 08 de enero de 2015

Imagen del Consejo de Seguridad Nacional celebrado en julio de 2014. | Casa Real
Imagen del Consejo de Seguridad Nacional celebrado en julio de 2014. | Casa Real

El sistema existe, pero ha resultado no operativo. El mencionado Departamento de Seguridad Nacional iene un perfil político bajo, con Jorge Moragas al frente

Un atentado terrible en el país vecino, caos en Madrid por amenaza de bombas, el país en alerta 3 ("riesgo muy probable de atentado terrorista"), alarma por la posible llegada de terroristas a España. Nada de esto, que implica a ministerios como Interior, Exteriores, Justicia y Defensa cuando menos, es suficiente para que por primera vez el Gobierno activara el sistema de seguridad nacional del que está dotado el país. Tampoco el ébola ni la proclamacion de Felipe VI (también nivel 3 de alerta) merecieron que se activara.

10 de julio de 2014. El nuevo rey Felipe VI preside por primera vez el Consejo de Seguridad Nacional. Se sienta en el Palacio Real con el presidente, media docena de ministros y otra media docena de secretarios de Estado. Ha sido la última convocatoria del principal órgano del Estado que analiza riesgos y amenazas del país, que sustituyó al conocido familiarmente como 'Gabinete de crisis'. En aquella sesión el tema principal fue un informe-balance de lo ocurrido en 2013, que no incluía ni la situación y consecuencias de la crisis Rusia-Ucrania ni la expansión del yihadismo en Oriente Próximo, ambos fenómenos de 2014.

La realidad es que el Gobierno no ha convocado nunca este Consejo ni el más ágil 'Comité de situación' (sin ministros) con motivo de una situación extraordinaria: ni la crisis del ébola, ni la abdicación del rey y posterior coronación, ni la amenaza del grupo Estado Islámico que ha llevado a España a enviar a 300 militares a Irak; ni ahora el atentado en París contra la publicación 'Charlie Hebdo'. Se ha reunido cada dos meses con carácter ordinario.

Un indicio de la envergadura de una crisis bien puede ser el nivel de alerta de las fuerzas y cuerpos de seguridad -y establecimientos militares- que el Ministerio de Interior ha elevado tres veces en los últimos seis meses: en junio con motivo de la coronación, en septiembre por amenazas yihadistas no explicitadas y este miércoles tras los atentados en París.

El director del Gabinete del presidente Rajoy, Jorge Moragas, destacaba el pasado mes de julio en el Congreso, en la presentación del primer informe anual sobre la materia, precisamente el proceso que ha ido conformando un nuevo sistema de seguridad nacional: la Estrategia aprobada en 2013, la creación del consejo de seguridad nacional en julio de 2013, la elaboración de dos estrategias sectoriales, referidas a ciberseguridad y seguridad marítima, con sus respectivos órganos y consejos; o la creación del Comité de situación, el auténtico gabinete de crisis de Moncloa, el que se reúne de inmediato antes de que se movilicen los ministros.

Dice el propio informe anual sobre seguridad en España, primero y único elaborado hasta el momento, que "el año 2013 trajo consigo aportaciones fundamentales a la política de Seguridad Nacional en forma de nuevos documentos estratégicos y de una estructura integral orientada a la mejor organización del Sistema de Seguridad Nacional. En cuestión de meses, se aprobaron tres estrategias y se constituyeron órganos interministeriales con poder de decisión, coordinación y apoyo en materia de Seguridad Nacional".

Un Real Decreto de julio de 2013 reestructuró la Presidencia de Gobierno para crear el Departamento de Seguridad Nacional, como órgano de asesoramiento al Presidente del Gobierno, con la función de “realizar la alerta temprana y el seguimiento de los riesgos, amenazas y situaciones de crisis en coordinación con los órganos y autoridades competentes” y “contribuir a la elaboración de propuestas normativas sobre Seguridad Nacional”, entre otras funciones.

Por tanto, el sistema existe, pero ha resultado no operativo. El mencionado Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa tiene un perfil político bajo, a su frente se encuentra el número dos de Moragas, el director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa, que cuenta con un capitán de fragata como director operativo.

Cuando las circunstancias han requerido la coordinación de varios ministerios, como sucedió en septiembre con la epidemia del ébola, fue la vicepresidencia, Soraya Saenz de Santamaría, quien asumió el mando y sentó a los responsables. De ella depende además el Centro Nacional de Inteligencia. El sistema real es, entonces, que un Ministerio se ocupe del problema, si por falta de capacidad o iniciativa de sus responsables no consigune controlarlo, como ocurrió con Sanidad, se adjudica a la vicepresidenta, que coordina sin utilizar el sistema creado al efecto.

Otro importante compromiso de la Estrategia de mayo de 2013 era la elaboración de una Ley de Seguridad Nacional, proyecto que ha sido abandonado por el Gobierno. Se puede interpretar que Moncloa no ha logrado imponerse a los ministerios directamente afectados, principalmente Defensa, Interior y Exteriores, cada uno celoso de sus competencias y especialmente el primero, reacio a que Presidencia dirija un ámbito que considera propio.

La Ley junto con la Estrategia hubieran sido una base fundamental para establecer una visión integral de la seguridad, más amplia y actualizada que la tradicional y rígida distinción entre seguridad interior y exterior, entre ministerios o afrontar riesgos y amenazas exclusivamente desde el punto de vista militar. La OTAN y la Unión Europea cuentan con un concepto estratégico que supera por elevación esos compartimentos estancos, aunque cada uno de ellos requiera luego un tratamiento específico pero coherente con un enfoque de conjunto.

El Sistema de Seguridad Nacional puesto en marcha por el Gobierno del Partido Popular a partir de 2012 responde a un concepto presidencialista similar al existente en países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. La particularidad en el caso español es que Rajoy no ejerce, al menos públicamente, “la dirección y liderazgo del presidente del Gobierno” que la Estrategia le adjudica en temas de seguridad.

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