Todo eso, en cualquier en cualquier democracia normal, con decoro en las formas y con razón en el fondo, de haber sucedido como en España ha venido a ocurrir en muy pocas horas, habría tenido como desenlace la dimisión de un ministro y la destitución de otros tres, seguido después de la renuncia del propio presidente del Consejo, o por el planteamiento de una moción de censura que habría prosperado y tumbado al Gobierno.
Pero aquí, sin embargo, tanto el bochorno nacional con los piratas subidos en la chepa de los españoles, representados por esta punta de impotentes, prepotentes e incompetentes, como el gravísimo comportamiento parlamentario de quien fue portavoz del Gobierno de las soluciones al plomo y la cal en el tiempo de los GAL, no resulta probable que llegue más allá de la burbuja mediática con un revuelo de titulares.
Pero con ser tan lamentable el episodio primero de la impunidad con que la turba de los piratas se escapó del
Alakrana,
llevándose el botín a cuestas con las enteras pertenencias de la tripulación del pesquero, porque la fuerza militar desplegada con las dos fragatas y sus respectivas dotaciones aéreas debió estar frenada por el imperativo categórico de no hacer sangre entre los asaltantes; con ser ello tan bochornoso, es cualitativamente menos grave, en otro orden de cosas, que la esgrima de chulescas amenazas del ministro del Interior, blandiendo como un látigo las virtualidades y las potencialidades del sistema SITEL, como órgano de penetración universal en los reductos de la intimidad de cualquiera. Algo que sin la tutela judicial efectiva y rigurosa puede dejar en juego de niños los aparatos policiales de la Gestapo hitleriana y del KGB soviético en los tiempos de Stalin.
La incapacidad política de este Gobierno para decidir contra los piratas y preservar los intereses nacionales ha ido del brazo, en el curso de muy pocos días, de la prepotencia ilegítima para amenazar derechos constitucionales de los españoles, en el curso de una estampa propia del Parlamento de la II República durante los días en que la guerra civil indeclarada hacía algo más que lamer el bronce de los leones en el Palacio de las Cortes.
Más allá de los parecidos, los recuerdos, las semejanzas y las evocaciones a que ha podido prestarse el episodio del náufrago Rubalcaba, está lo inadmisible de su descomposición en el arrebato de ira, que ha abierto de par en par las ventanas sobre los manantiales de información con las que se han asfaltado las avenidas interminables del "gurtelazo". Pues probado está que fuera del contexto y al margen de la materia en que el juez Garzón tenía la competencia, han sido escuchadas gentes que nada tenían que ver con el asunto. Aunque no solamente eso. Todas esas grabaciones, las de acceso judicial y las muchas otras que no lo eran, han sido presuntamente utilizados fuera del contexto procesal y sin la debida protección judicial, como materiales mostrencos, cuando lo propio de esas grabaciones es su pertenencia al ámbito del secreto de los sumarios. El sistema SITEL no es el problema, como tampoco la ametralladora. La cuestión estriba en quién lo maneja: un soldado y un juez, o un pirata y un tramposo.
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