Tras conocer los datos oficiales del CGPJ, el Ministerio de Justicia ha destacado que un «altísimo porcentaje» de magistrados no ha secundado la huelga convocada por dos asociaciones judiciales y asambleas de jueces de toda España y considera que, «siguiendo el mensaje» enviado por ellos, «ahora es el momento del diálogo».
En cualquier caso, la convocatoria ha tenido un éxito indudable en cuatro comunidades autónomas -Aragón, Murcia, Valencia y Extremadura, con un seguimiento superior al 60 por ciento, según los datos oficiales- y una incidencia notable en Canarias (más del 50 por ciento) y en Cantabria, Baleares, Madrid y Cataluña, donde han parado casi cuatro de cada diez jueces.
Por el contrario, la huelga, convocada en demanda de más medios materiales y humanos y de reformas estructurales para la Administración de Justicia, apenas se ha notado en el País Vasco y ha sido «ignorada» en los órganos centrales: el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
La incidencia del paro en el servicio al ciudadano ha sido muy desigual, ya que mientras en Cataluña apenas se ha notado, porque se había avisado previamente de la suspensión de las actuaciones fijadas para hoy, en Madrid los Juzgados de la plaza de Castilla presentaban una imagen inusual, con pasillos vacíos y ciudadanos que salían sin haber conseguido cita para otra fecha.
«Amplia voluntad de cambio»
Para el CGPJ, lo que la jornada de este miércoles ha dejado claro es que existe una «amplia voluntad de cambio» en la Administración de Justicia, ya que muchos de los jueces que no han hecho huelga sí han participado en actos de protesta simbólicos.
Éstos, fundamentalmente concentraciones en las sedes judiciales, habían sido convocados por la Asociación Profesional de la Magistratura y por Jueces para la Democracia, que comparten las reivindicaciones de las otras dos asociaciones pero que decidieron esperar al resultado de las negociaciones con el Gobierno y aplazar la convocatoria de una posible huelga al 26 de junio.
En una comparecencia en la que no ha admitido preguntas, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha destacado el «alto grado de responsabilidad» de los jueces, especialmente de los que han ido a trabajar, y ha dicho que esa voluntad de cambio «exige a todos» -Consejo, Ministerio, Comunidades Autónomas y magistrados- «trabajar en pro de la reforma necesaria».
Sobre las consecuencias de la huelga, fuentes del CGPJ han considerado que el Ministerio de Justicia debería descontar el miércoles de las nóminas de los jueces que han secundado el paro, pero han eludido pronunciarse sobre las eventuales responsabilidades disciplinarias en las que podrían haber incurrido.
Ausencia de Tirado
Desde primera hora de la mañana, los «jueces en huelga» han ido comunicando a las asociaciones su decisión de secundar el paro a través del correo electrónico y las dos cuentas de fax habilitadas por los convocantes del paro para poder realizar el cálculo más aproximado posible del seguimiento de la protesta.
Tras las concentraciones los portavoces de las asociaciones judiciales han leído un comunicado en el que expresan su intención de trabajar conjuntamente para mejorar la administración de Justicia, al margen de la huelga.
Otra de las imágenes de la protesta ha sido la concentración que han llevado a cabo unos trescientos jueces, magistrados y fiscales de Sevilla frente a las puertas de la Audiencia Provincial, a la que no ha asistido el juez Rafael Tirado, cuya sanción de 1.500 euros por no encarcelar al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, fue uno de los desencadenantes del movimiento reivindicativo de los jueces.
Ningún juez del Tribunal Supremo ha seguido la convocatoria, y en la Audiencia Nacional, sólo dos -Eloy Velasco y Carlos de Rozas- han ejercitado este derecho.