El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reconocido 129 nuevos testimonios válidos de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia desde la presentación del informe en octubre pasado. Durante este período, se recibieron un total de 223 solicitudes. Gabilondo ha presentado este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados los informes anuales de la institución correspondientes a 2022 y 2023, ya que la disolución de las Cortes Generales en mayo de 2023 impidió la tramitación parlamentaria del primero.
Actividades y resoluciones
En 2022 y 2023, la oficina del Defensor del Pueblo atendió a 74.962 personas, tramitó 67.055 expedientes, inició 538 actuaciones de oficio y emitió 4.864 resoluciones a diversas administraciones. Los principales asuntos tratados estuvieron relacionados con los derechos sociales y los servicios públicos, con una “ligera prevalencia de actuaciones” ante las administraciones autonómicas.
Quejas sobre Ingreso Mínimo Vital y listas de espera sanitaria
En cuanto a la ayuda social, Gabilondo resaltó el seguimiento de las ayudas y rentas autonómicas o municipales, el sinhogarismo y el Ingreso Mínimo Vital, que generó «alrededor de 1.000 quejas» en 2023 debido a retrasos en la resolución de solicitudes y rigidez en los requisitos. Gabilondo subrayó la necesidad de consolidar «un verdadero sistema estatal de garantía de ingresos».
En el ámbito sanitario, Gabilondo destacó las dificultades de acceso a la Atención Primaria, comunes en diferentes territorios, debido a la escasez de profesionales sanitarios. Urgió a una “mayor inversión y medidas que permitan la reposición efectiva de las plazas vacantes” y subrayó la necesidad de reducir las listas de espera, que en 2023 “más que duplicaron las recibidas en 2021”.
Justicia y asuntos migratorios
“La Justicia como servicio público fue el ámbito que más quejas ciudadanas suscitó en 2023”, afirmó Gabilondo. Recomendó la creación de nuevos juzgados y el refuerzo de personal para mejorar el servicio. Respecto a los asuntos migratorios, resaltó la necesidad de revisar el sistema de protección internacional y mejorar la acogida de personas que no pueden ser expulsadas a su país de origen.
Educación, vivienda y salud mental
En educación, Gabilondo abogó por la universalidad y gratuidad del primer ciclo de educación infantil y la adaptación de centros docentes a temperaturas extremas, tema que parecía “insuficientemente planificado”. Las dificultades de acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables, también generan numerosas quejas. La gestión del Bono Alquiler Joven en algunas comunidades autónomas fue criticada por ser inadecuada, con beneficiarios que aún no han recibido el bono tras varios meses.
Sobre la salud mental, Gabilondo llamó la atención sobre la saturación de los servicios y la declaración de desamparo de menores, sugiriendo aumentar los medios para el acogimiento familiar en lugar de institucionalización.
Además de los informes anuales, Gabilondo presentó los del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP). En los dos últimos años, el MNP realizó 113 visitas a lugares de privación de libertad, resultando en 1.513 resoluciones. Se han observado avances en las contenciones mecánicas y una disminución en la inmovilización con correas, así como mejoras en la atención a mujeres embarazadas y con problemas de salud mental en lugares de privación de libertad.
Gabilondo concluyó insistiendo en la importancia de mejorar los sistemas de protección social y sanitaria, destacando la aceptación mayoritaria de las recomendaciones realizadas por su oficina.