Salvo que se demuestre lo contrario, hay que considerar que las sanciones respectivamente propuestas para los jueces Tirado y Ferrín Calamita, conocidas ayer casi al mismo tiempo, se ajustan a lo prevenido en las leyes y normas que rigen la actuación judicial. Otra cosa es que una comparación entre los hechos y la resolución disciplinaria no genere cundo menos cierta perplejidad.
Una apreciación sucinta sugiere que haber olvidado hacer ejecutar una sentencia que acarreaba el cumplimiento de una pena de cárcel resulta menos castigado que obstaculizar sin causa, maliciosamente, un proceso de adopción. Lo primero se salda con una multa de 1.500 euros, en tanto que lo otro deviene en una inhabilitación de 27 meses y una indemnización de 6.000 euros a la pareja perjudicada. Quizás sea una lectura excesivamente simplista, pero a falta de otra es la que tiende a predominar.
La comparación directa tampoco es fácil. Ciertamente, no es lo mismo incurrir en negligencia en el desempeño de las funciones atribuidas, es decir hacer mal el trabajo asignado, que situar la ideología o la convicción personal por encima de la ley. La consecuencia del primer supuesto fue permitir que siguiera libre quien debía estar cumpliendo condena porque nadie se ocupó de ordenar su ingreso en prisión. En el segundo, dos personas se vieron privadas de su derecho a formalizar una adopción conforme a lo que fija la ley porque el funcionario encargado de hacerla cumplir resultó ser contrario a que puedan hacerlo parejas del mismo sexo. ¿Se puede considerar más o menos grave lo uno que lo otro? ¿No da la sensación de ser dos casos de pésimo desempeño?
Sin duda, pesa la convicción de que el olvido atribuido al juez Tirado puede haber sido causa del trágico asesinato de una niña de cinco años, al haber permitido que el presunto autor permaneciera en libertad pese a haber sido condenado a cumplir años de cárcel. Es inevitable, por tanto, que la levedad de la sanción impuesta resulte un tanto difícil de entender. Sólo hacían falta tantas voces desde el Gobierno, asegurando que se va a modificar -¿endurecer?- el código disciplinario de los jueces, para cebar la idea de que domina un sesgo corporativista por encima de cualquier otra consideración.
Sobran razones para que los máximos responsables del poder judicial lleven a cabo el esfuerzo de explicar por qué han adoptado esta decisión, igual que otras, haciéndolo con más claridad de la acostumbrada y poco o ningún uso de la oscura jerga procesal. Procurando, en definitiva, que se entienda lo que han hecho, por qué lo han hecho y por qué sus actuaciones merecen credibilidad. Si no, lo que empieza siendo perplejidad se puede acabar convirtiendo en algo bastante peor.
Enrique Badía