Saltan todas las alarmas ante el oscuro horizonte que se vislumbra tras el ‘tijeretazo’ de casi 1.100 millones anunciado por el Gobierno en el sistema de dependencia. Partidos políticos, asociaciones de discapacitados y organizaciones patronales del sector advierten de que los continuos recortes en esta materia ponen en riesgo la sostenibilidad de la Ley de Dependencia.
La secretaria de Política Social del PSOE y exministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, denuncia a ESTRELLA DIGITAL que es totalmente falso y fruto de la ignorancia cuando el Gobierno asegura que la Ley de Dependencia es insostenible. “No es insostenible, la han hecho insostenible”, subraya. La socialista explica que en 2011, antes de que se aplicaran los duros recortes, el sistema atendía a poco más de 800.000 personas y el coste apenas suponía 6.000 millones de euros, el equivalente a un 0,4% del PIB.
Por el contrario, el Gobierno, a través del director general del Imserso, César Antón, asegura a este diario que la ley puede ser “sostenible” en el presente y en el futuro gracias a las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Rajoy. De hecho, considera que la Ley de la Dependencia “sigue viva e intacta”, ya que no se están produciendo nuevos ajustes de los que ya se acordaron en el Consejo Interterritorial de julio de 2012. Por tanto “no hay nada nuevo, estamos haciendo lo que hemos aprobado de acuerdo con las Comunidades Autónomas”, aclara.
El PSOE cree que la ideología se oculta tras los recortes a la dependencia
Sin embargo, la exministra asevera que los nuevos recortes harán inviable la Ley de Dependencia, una norma que se ha visto “atacada” desde el primer día con una serie de medidas como la revisión a la baja de un proceso de evaluación que ha dejado sin ayuda a más de 200.000 personas con dependencia moderada y la supresión de las cuotas a la Seguridad Social por los cuidadores no profesionales.
Trinidad Jiménez se muestra convencida de que la ideología se oculta tras todos los recortes a la dependencia. “El Gobierno entiende que el cuidado de las personas dependientes lo tiene que hacer las familias, fundamentalmente las mujeres, que es un derecho que se inventó Zapatero y eso es algo que le molesta al PP”, afirma. La diputada socialista advierte de que el PSOE no lo va permitir porque es un asunto de “justicia social” que existe en todos los países de la UE.
Hacia el desmantelamiento del sistema
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid), califica los últimos recortes de “barbaridad” y acusa al Gobierno de querer vulnerar e incumplir un marco jurídico que otorga derechos a los dependientes. “Con los nuevos recortes anunciados, me atrevería a decir que el Gobierno está dando pasos hacia el desmantelamiento del sistema de dependencia”, asegura.
“La Ley de Dependencia busca potenciar la autonomía personal de estas personas, algo que el Gobierno contempla como una opción mucho más cara, y por tanto ha apostado por su ingreso en residencias. Es mucho mejor invertir en que los dependientes tengan una mayor autonomía personal e integración en la sociedad que estén encerrados y excluidos en residencias”, explica el presidente de FAMMA-Cocemfe.
La dependencia, una ‘necesaria’ fuente de empleo
En plena crisis económica, la dependencia creó 185.000 puestos de trabajo directos y 65.000 indirectos en un sector muy dinámico y competitivo que ofrece empleo de calidad y estable. Sin embargo, por falta de inversión pública ya no sólo no crea puestos de trabajo, sino que además se destruyen.
Si no se invierte en dependencia, el sistema se hunde
José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), defiende que hay que seguir cuidando a las personas más frágiles de la sociedad mediante servicios profesionales. “Es un sector que además de oferta y demanda, crea empleo, reduce el déficit público y genera inversión. Por cada euro que las administraciones invierten en atención a la dependencia se produce un retorno positivo de 1,20 euros”, afirma.
Echevarría alerta de que si el Gobierno sigue en esta dirección, haciendo caso omiso a las organizaciones patronales, 300.000 puestos de trabajo corren peligro, así como la autonomía personal de un millón de usuarios que dependen de esta ley. “Si no se invierte en dependencia y no se apuesta por los servicios profesionales, el sistema se nos hunde”, sentencia.
El PSOE, la FAMMA y la FED coinciden en señalar que lucharán para impedir que el Gobierno dé el golpe definitivo a la Ley de Dependencia. Una norma que en la práctica está siendo demolida por sus drásticas medidas, lo que podría ocasionar graves consecuencias en personas en una especial situación de vulnerabilidad.
Samuel Jiménez