El Fondo de Resiliencia Autonómica es un mecanismo previsto en la adenda al Plan de Recuperación que el Gobierno presentó en Bruselas hace ya algunos meses, como instrumento para canalizar los fondos europeos.
La puesta en marcha de este Fondo implica al Banco Europeo de Inversiones (BEI), a la Comisión Europea, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, que tienen que articular los acuerdos necesarios para ponerlo en marcha. Tal y como ha expuesto Carlos Cuerpo, ministro de Economía, es previsible que el acuerdo entre el BEI y el Gobierno español se celebre en las próximas semanas.
¿Qué es el Fondo de Resiliencia Autonómica?
Es una herramienta que busca financiar proyectos de inversión sostenible en el territorio de las comunidades autónomas. Inversiones que deben ir destinadas a sectores claves como la vivienda social, la regeneración urbana, el transporte sostenible, la competitividad industrial y de las pymes, el turismo sostenible, la I+D+i, la economía de los cuidados, la gestión del agua y los residuos y la transición energética.
La gestión de los 20.000 millones de euros que componen el Fondo será llevada a cabo junto con el Banco Europeo de Inversiones, organismo con una amplia experiencia y conocimientos en materia de financiación.
“Esperamos que sirva para seguir avanzando en la implementación de los fondos de recuperación y que esto siga apoyando nuestro crecimiento y nuestra inversión”, ha manifestado el ministro de Economía.
Las comunidades autónomas denuncian la falta de información
Las comunidades autónomas lamentan no haber recibido por parte del Gobierno más información sobre el futuro Fondo de Resiliencia Autonómica.
La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central que reúna a las autonomías para explicar más en detalle cómo serán las convocatorias y cómo participarán de ellas las comunidades autónomas.
Los dirigentes autonómicos denuncian que los proyectos que se van a poder financiar a través de este Fondo y tienen un gran nivel de complejidad y requieren de una alta planificación, por lo que no se pueden decidir de un día para otro. Las autonomías demandan más información a fin de tener sus proyectos maduros y planificados una vez que las convocatorias estén listas.
Conflictos en la gestión de los fondos europeos
La gestión de los fondos europeos ha sido motivo de fricción entre las autonomías y el Gobierno central en más de una ocasión. El último conflicto enfrenta a 15 autonomías con el Ejecutivo, que reclaman más libertad a la hora de gestionar los fondos para la conectividad digital y una ampliación de los plazos.
El Gobierno ha delegado en las comunidades autónomas 100 millones de euros correspondientes al Componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en el impulso de la ciberseguridad y el despliegue del 5G. Con el objetivo de que las autonomías pongan en marcha proyectos para reformular la conexión a internet en polígonos industriales, centros logísticos y centros públicos de referencia.
Además, ha delegado 30 millones de euros para la emisión de bonos de acceso a la red para familias vulnerables y 80 millones de euros para la mejora de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios. Pero las autonomías reclaman una modificación en las condiciones y un incremento de los plazos para poder poner en marcha iniciativas de calidad.
Porque consideran que las actuaciones que pueden llevar a cabo no corresponden con las necesidades reales de cada región. Como ejemplo, señalan que de la dotación total para ofrecer acceso a internet a las familias vulnerables solo se ha adjudicado un 4,4% del presupuesto.
El Pleno de la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital ha vuelto a reiterar sus peticiones al Gobierno central tras su última reunión, y se ha opuesto a que se amplíen los fondos para las iniciativas que ya están en marcha. Lo que demandan es una mayor cogobernanza para poder tomar decisiones y destinar el dinero a aquellas partidas relacionadas con la transformación digital a las que sí hace falta.
Además, las autonomías y el Gobierno central tienen otro frente abierto en lo que se refiere a la ampliación de la red eléctrica. Para atraer inversiones, la mayoría necesita mejorar su sistema de suministro eléctrico, pero los proyectos de desarrollo de la red eléctrica tampoco acaban de convencer a todos. Los expertos creen que este asunto puede ser uno de los principales puntos de fricción entre el Ejecutivo central y las autonomías en los próximos años.