Este jueves, el Gobierno ha solicitado la retirada del orden del día del Pleno del Congreso del proyecto de modificación de la Ley del Suelo, cuya votación estaba programada para hoy. La decisión se debe a la falta de apoyos, ya que partidos como Sumar, Podemos, ERC y Junts habían manifestado su oposición. Esto dejaba al PSOE dependiendo del PP para evitar que el proyecto fuera devuelto al Ejecutivo.
La petición ha sido recibida por la Mesa del Congreso poco después de las 8:00 horas, una hora antes del debate programado. Esta retirada se produce dos días después de que la Cámara Baja rechazara la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, que contó con el voto en contra del PP y Vox, así como de socios de gobierno como Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Con esta maniobra, el Gobierno busca evitar otra derrota parlamentaria antes de las elecciones europeas.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se decidió retirar el proyecto para garantizar su tramitación futura y que no se viera afectado por la situación electoral, ya que la campaña para los comicios europeos del 9 de junio comienza esta noche.
El ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, ha señalado en una intervención en RNE, que el Ejecutivo tenía la «voluntad de sacarlo adelante» porque «es importante» y porque la vivienda es «el quinto pilar del estado de bienestar». Torres afirmó que «lo lógico es retirar ese proyecto de ley y conseguir la mayoría suficiente para su aprobación».
Apertura a mejoras en el texto
El Gobierno estaba dispuesto a mejorar el texto durante el plazo de enmiendas, argumentando que España no podía dejar pasar esta oportunidad para resolver problemas en el urbanismo. Con la reforma, se pretendía dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos, evitando su anulación total por defectos de forma subsanables, a diferencia de la situación actual.
Además, buscaba frenar la proliferación de litigios promovidos por despachos de abogados que recurren los planes de ordenación con fines extorsivos. El Ministerio de Vivienda indicó que en los últimos años se han anulado más de 100 planes, algunos de ellos en Madrid, Gijón, Ibiza, Las Palmas, Santander, Toledo, Zamora, Ourense y Vigo.
La reforma de la Ley del Suelo, reactivada a finales de marzo tras haber decaído en la anterior legislatura, es una demanda recurrente de ayuntamientos, comunidades autónomas, municipios, el sector promotor y la doctrina jurídica. En abril de 2022, la Xunta de Galicia, entonces presidida por el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, promovió un manifiesto demandando una reforma de la ley debido a la inseguridad jurídica y al aumento de casos de nulidad por defectos formales.
El manifiesto también fue apoyado por otras comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha solicitado una reforma urgente.
Claves de la reforma de la ley del suelo
La reforma diferencia entre la nulidad del plan general por defectos sustanciales, que puede implicar su anulación total, y las nulidades parciales que no afectan a elementos sustanciales, ofreciendo un plazo de subsanación de un año (prorrogable por seis meses) para evitar su anulación completa.
Se mantiene la posibilidad de recurrir decisiones a través de recursos directos, indirectos, actos individualizados y acciones públicas y populares en materia urbanística y medioambiental.
Para las viviendas promovidas por la Administración en suelos públicos, se considera positivo el silencio administrativo (generalmente seis meses) para permitir su avance, con la posibilidad de ampliar esta medida a más supuestos para impulsar viviendas públicas o colaboraciones público-privadas en suelos públicos.
La ley también prevé un régimen transitorio para los planes recurridos con sentencias posteriores a la entrada en vigor de la reforma y que contengan defectos subsanables, evitando la nulidad en cascada de disposiciones y actos.