El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado este miércoles a las 17.00 horas a los sindicatos de la Función Pública (CSI-F, CC.OO. y UGT) para explicarles el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, que será aprobado por el Gobierno el próximo vierness.
La última reunión de la Mesa General de Administraciones Públicas, en la que están representados los sindicatos más representativos de la Función Pública y el Gobierno, se produjo el pasado 30 de diciembre, pocos días después de constituirse el nuevo Ejecutivo.
En aquel encuentro, el Gobierno del PP confirmó a las centrales sindicales que el sueldo de los empleados públicos quedaba congelado para 2012 y que la tasa de reposición en el sector público iba a ser ‘cero’, salvo para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios básicos, para los que esta se situó en el 10%.
No obstante, el Gobierno no aclaró entonces si con la presentación de los Presupuestos se produciría un recorte en el sueldo de los empleados públicos.
Con el esfuerzo adicional pedido por Bruselas para que España reduzca el déficit hasta el 5,3% del PIB este año, se despertaron los temores de que el ajuste adicional que requería el cumplimiento de este objetivo se tradujera en una rebaja salarial a los empleados públicos, que ya sufrieron recortes durante la última etapa del Gobierno socialista.
El presidente del Ejecutivo del PP, Mariano Rajoy, ha dejado claro que el sueldo de los funcionarios permanecerá congelado y que no se recortará su cuantía.
A las federaciones de servicios públicos de CC.OO. y UGT no les ha gustado nada que el Gobierno haya convocado la Mesa General de Negociación un día antes de la huelga general convocada contra la reforma laboral y han interpretado este gesto como una «burla» del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
Ambas organizaciones se han quejado de que el Gobierno no ha detallado las materias que se van a tratar en esta reunión ni les ha entregado documentación sobre su contenido, por lo que han calificado la convocatoria de «precipitada».
Además, han culpado a la Administración de incumplir los principios de buena fe, transparencia y suministro de información que, según ellos, deben presidir una negociación de estas características.
Por ello, han considerado que la reunión ha sido formalizada con un plazo «insuficiente», y entienden que de esta forma resulta «imposible» evaluar las medidas presupuestarias del Ejecutivo y elaborar una propuesta alternativa que dé pie a un proceso de negociación colectiva previa.
Por su parte, CSI-F, que no apoya la huelga general convocada por CC.OO. y UGT, está a la expectativa de lo que suceda en el encuentro, habida cuenta de la «inquietud» que tiene el colectivo de empleados públicos sobre las declaraciones «contradictorias» que se están escuchando sobre sus condiciones laborales.
La semana pasada, a través de una carta dirigida al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, CSI-F le reclamó formalmente la convocatoria urgente de la Mesa General de la Administraciones Públicas para que el Gobierno informara de primera mano a los sindicatos sobre las reformas que tiene previsto llevar a cabo en el sector público.