Artur Mas, expresidente de la Generalitat catalana, ha depositado ya 2,2 millones de euros de la fianza que le reclama el Tribunal de Cuentas por la organización del referéndum del 9 de noviembre de 2014. La defensa de Mas ha sido la encargada de comunicar el acto en en un escrito dirigido al organismo en nombre de todos los afectados. Además, se especifica que Mas ha pedido al Tribunal de Cuentas que amplíe el plazo fijado para abonar el resto de la fianza, que asciende a un total de 5,2 millones.
El expresidente ha depositado esa cantidad como «garantía» para afrontar su eventual responsabilidad contable en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas. La cifra coincide aproximadamente con el dinero recaudado, en las últimas semanas, por Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para ayudar al expresident. Más llegó a admitir que no podría «hacer frente a estas cantidades» y apeló a la solidaridad de los catalanes, después de conocer la fianza millonaria a la que debía hacer frente y ante el riesgo de que sus bienes fueran embargados.
El pasado 25 de septiembre, el órgano fiscalizador comunicó a Mas que debía depositar una fianza solidaria de 5,250 millones por el gasto ocasionado a las arcas públicas al organizar la consulta ilegal del 9-N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Además del expresident, la exigencia de fianza atañe a los otros condenados penalmente por un delito de desobediencia con motivo del 9-N (la exvicepresidenta Joana Ortega; la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau; el exportavoz del Gobierno Francesc Homs) y a otros cinco altos cargos del Gobierno catalán.
Redacción