El actor Willy Toledo, expulsado este jueves del Congreso y detenido junto a otros cinco activistas tras haber prorrumpido en gritos en favor de los derechos del Sáhara Occidental, ha lamentado estar sufriendo un castigo «por el simple hecho de ejercer la libertad de expresión de manera pacífica».
En declaraciones a EFE TV, Toledo ha dicho que fueron detenidos y acusados de un delito de orden público y que ahora están a la espera de que el juez decida si serán acusados formalmente de alteración del orden.
«Estamos realmente sorprendidos de que, en este país, defender los derechos humanos y la libertad de expresión, así como ejercer la defensa de un pueblo indefenso que ha sido masacrado, como el hermano pueblo saharaui, suponga un delito», ha señalado el actor.
Al respecto, ha agregado que anteriormente se han hecho acciones iguales a la de este jueves pero que nunca antes se había detenido a nadie.
«Hemos salido a gritar Sáhara libre y libertad para el pueblo saharaui y la protesta ha durado 12 segundos», ha dicho Toledo, que estaba en el Congreso junto a activistas de la Plataforma de Apoyo Político al Pueblo Saharaui, de la Plataforma de Apoyo Universitario al Pueblo Saharaui, independientes y otros invitados por Izquierda Unida.
Una decena de personas que protestaron durante las votaciones del Pleno y que fueron expulsadas por el presidente del Congreso, José Bono.
Toledo ha afirmado también que «el Partido Socialista, sus dirigentes y José Bono están cercenando la libertad de expresión de los españoles», y que el Gobierno español «actúa en connivencia» con la Embajada de Estados Unidos «para encubrir asesinatos de ciudadanos españoles en Irak», en referencia al caso Couso.
Respecto a la moción aprobada en el Congreso durante cuya votación se produjeron los incidentes, ha explicado que ha condenado la violencia «cuando ésta no viene por igual de ambos lados».
«En este caso hay un agresor y un criminal, una víctima y un agredido, por lo tanto la condena es insuficiente», ha destacado Toledo, que ha lamentado igualmente que el Gobierno español no se haya reconocido aún la República Árabe Saharaui Democrática, que es otra de las exigencias del pueblo saharaui.
De seis meses a un año de cárcel
El actor Willy Toledo y los otros cinco activistas prosaharauis que fueron detenidos por alterar el orden en el Congreso de los Diputados han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estas seis personas se han negado a declarar ante los agentes sobre los hechos que se les imputan, y a continuación han quedado en libertad.
A los activistas se les imputa el delito establecido en el artículo 497 del Código Penal, que establece que quienes perturben «gravemente» el orden de las sesiones de una cámara, sin ser miembros de la misma, podrán ser condenados a una pena de entre seis meses y un año de prisión.
El citado precepto señala asimismo que «cuando la perturbación del orden de las sesiones (…) no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses».
Los activistas, dos ellos invitados por Izquierda Unida, han sido desalojados de la tribuna de invitados y trasladados en un furgón policial a la Brigada Provincial de Información, situada en el distrito madrileño de Moratalaz.
Funcionarios de la Policía que se encontraban en la tribuna de invitados cuando se produjeron los hechos escucharon que, además de las proclamas políticas, también gritaron contra los diputados.
En concreto, utilizaron la expresión «¡Diputados, chorizos!», han asegurado fuentes parlamentarias.
Los expulsados se habían puesto de pie, brazos en alto, mientras los diputados votaban las enmiendas de resolución a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«¡El Sáhara no se rinde!», «¡Libertad!», «¡España atiende, el Sáhara no se vende!», «¡Sáhara Libre!» o «¡Cuánta hipocresía!», han sido algunos de los gritos que se han escuchado en el hemiciclo.
La votación se ha interrumpido, y el presidente Bono ha ordenado a los servicios de seguridad expulsar de la sala a estas personas y llevarlas a la Comisaría del Congreso por si hubieran cometido alguna «falta o delito».