La misión parece cada vez más imposible. La aprobación de la nueva senda de reducción del déficit obligará al nuevo Gobierno a una reducción del déficit, que habrá que recortar desde los 54.000 millones con que cerró 2015 hasta los casi 29.000 con que debe cerrar en 2017. Son cerca de 25.000 millones, y eso siempre que el PIB crezca un 2,7% este año y un 2,4% en 2017, según las previsiones del Gobierno. Además, lo deberá hacer en un tiempo récord, ya que los plazos para formar y tomar posesión del Gobierno, junto con la creación y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) podrían dilatarse.
La Comisión Europea aprobó el miércoles pasado la nueva senda de reducción del déficit pedido por el Partido Popular. El objetivo será del 3,7% en 2016 y del 2,5% para 2017. Es decir, Bruselas pide a España que reduzca el déficit público a la mitad en dos años (cerró 2015 en torno al 5%).
Tras la prórroga, España será el único país en 2017 que continúe dentro del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) que se inició en 2010. Si se cumplen los planes de la Comisión, Francia y Portugal (los otros países dentro del PDE) reducirán sus déficit por debajo del 3% y saldrán automáticamente del grupo, aunque en el caso luso no está tan claro. Por ello, las presiones sobre el nuevo ejecutivo por parte de Bruselas podría multiplicarse.
Ni las previsiones más optimistas, las que ofreció el Gobierno (déficit del 2,9% para 2017), se acercan a la reducción que pide Bruselas. El nuevo Gobierno deberá decidir cómo realiza ese ajuste, si con más recortes del gasto público o con una subida de impuestos. Pese a todo, la cifra del 2,5% no parece real y previsiblemente se podría ampliar hasta el 2,9% o el 3% en una próxima negociación, como ya ha señalado el líder económico del PSOE, Jordi Sevilla.
La difícil realidad
Pese a la mejora evidente de las cifras de la economía española, la realidad es tozuda en cuanto a la reducción del déficit, pese a lo que proclaman unos partidos y otros. Una subida de impuestos -el PP realizó la mayor de la democracia-, no es suficiente para reducirlo por debajo del 3%. Este objetivo tampoco es posible si solo se pretende reducir gasto público sin atacar las grandes partidas.
La idea de algunos partidos de consolidar la senda del déficit solo con un incremento de impuestos choca con varias realidades. En primer lugar, que los impuestos en España ya son altos, el esfuerzo fiscal (que mide lo que paga cada trabajador en impuestos) está entre los más altos de Europa. En segundo lugar, ni en el pico máximo de la burbuja se ha alcanzado el gasto actual, en 2007 de recaudó un 39,3% del PIB (en 2015 se recaudó un 36,1%) mientras que ahora se gasta cerca del 41,3%. Por último, una fuerte subida de impuestos tendría una influencia real negativa sobre la economía y la recaudación no podría ser la esperada, como se demostró con la última que decretó el PP.
Lo mismo que solo con los impuestos no se puede reducir el déficit hasta lo exigido por Bruselas, parece también muy complicado conseguirlo solo con una reducción del gasto público. Hasta ahora, aparte de la importante subida de impuestos, la reducción del déficit se ha debido más a los recortes de gasto superfluo que a la decisión de atacar partidas fundamentales. Desde el 2007, más en especial desde 2009, casi seis de cada diez euros en recortes eran en inversión pública frente a la pequeña caída en el empleo público, consumos intermedios o prestaciones en especie.
Enfrentamiento con las CC.AA
Abordar un nuevo modelo de financiación será otro de los retos del nuevo Ejecutivo. La nueva senda aprobada por Bruselas ha dado aire a las autonomías para 2016, al elevar el objetivo del 0,3% inicial al 0,7%. Pero en 2017, el ajuste deberá estar hecho y eso son más de 14.000 millones en dos años.
El principal problema es que con la actual estructura parece imposible que muchas de ellas puedan cumplir. En las últimas décadas, las autonomías han asumido competencias que han disparado su desfase entre ingresos y gastos un 7%. En la actualidad, la Administración Central absorbe hasta un 70% del déficit, aunque solo supone un 26% del gasto total, mientras que las autonomías son responsables del 16,7% del déficit pese a soportar un 33% del gasto. Existe mucho gasto superfluo en las CC.AA (solo en Andalucía se contabiliza 7.000 millones) pero el reparto no es equitativo y obligará al nuevo Gobierno a hacer cuentas en un nuevo reparto.
El tiempo apremia
En un año normal, el Gobierno comienza a preparar los Presupuestos prácticamente a finales de febrero. Antes del 30 de abril, el Consejo de Ministros remite el Programa de Estabilidad a Bruselas (lo ha presentado el ejecutivo en funciones). El techo de gasto se presenta la última semana de junio, obviamente ese apartado tampoco lo podrá hacer el nuevo Gobierno.
Los últimos dos pasos -la entrega al Congreso del proyecto de cuentas públicas y su posterior aprobación-, sí podrían ser realizados por el nuevo Gobierno, pero aquí también el tiempo apremia, incluso en el caso de que el pacto de Gobierno fuera rápido. El proyecto de ley de Presupuestos se suele entregar a las cortes a finales de septiembre y su tramitación se demora hasta las últimas semanas de diciembre. Para cumplir estos plazos, no sólo sería necesario el acuerdo de Gobierno, sino también la mayoría parlamentaria suficiente para aprobar después los presupuestos, algo que se antoja aún más complicado. Por tanto, el nuevo Gobierno estará muy limitado temporalmente para construir los presupuestos con unos ajustes cómo los exigidos por Bruselas.
Pedro Ruiz