Una cosa es la presunción y otra las pruebas. Es lo que viene a decir la Sala de lo Penal, presidida por el magistrado Gómez Bermúdez, sobre el ‘caso Egunkaria’, que absuelve a los cinco directivos del medio de un delito de pertenencia a banda armada y censura el cierre del periódico como medida cautelar, en el 2003, por ser «de difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico».
El auto supone un serio varapalo a las acusaciones particulares, ejercidas por las Asociaciones Dignidad y Justicia y la AVT, que admitían en sus argumentaciones «la dificultad probatoria» de un delito por el que se pedían penas de 14 años. Y lo hace al desmontar todas sus argumentaciones, y al poner de relieve que la Fiscalía solicitó la libre absolución de los acusados. Dice la Sala que ni consta el inicial envío de fondos a la banda ni el desvío posterior, y tampoco encuentra motivos de vinculación con ETA por medio de sus editoriales, que el diario no publicaba, ni en sus contenidos. Así que califica de «endeblez» el punto de partida de la acusación y considera que ha actuado desde el prejuicio; que invirtieron el proceso inductivo, partiendo de la conclusión. La acusación, que calcula en unos 60 millones las indemnizaciones, sigue insistiendo en sus tesis, aunque no se plantea recurrir al Supremo.
El Tribunal cierra una causa que se ha basado más en la presunción que en las pruebas, aunque la vinculación entre Egunkaria y la izquierda abertzale afín a ETA no sólo fue sostenida por las acusaciones. La propia izquierda abertzale ha hecho, como en otras causas, bandera del caso, y desde poco después de su nacimiento la presunción fue aireada incluso por portavoces nacionalistas como Joseba Egibar o Juan María Atutxa, entonces consejero de Interior del Gobierno vasco. En este caso, tal vez porque el nacimiento del diario congregó a un mundo diverso en la cultura vasca, en el que algunas de las personalidades que lo impulsaron, como Mario Onaindia, lo hicieron con la intención de dotar a la prensa en euskera de un carácter institucional, alejado de la órbita de la izquierda abertzale, e incluso del nacionalismo. Fue una pretensión baldía.
Pero hay convicciones que, por extendidas que sean, no se sustentan en valor probatorio. Aunque, como es el caso, haya prevalecido en Euskadi un mundo difuso en distintos estamentos sociales y políticos que no mostró sensibilidad alguna hacia las víctimas del terrorismo ni denunció los ataques a la libertad de expresión por parte de la banda ETA, aunque llegaran a condenar los asesinatos.
Estaban dentro de la ley, sin rebasarla, pero había una línea divisoria política y moral entre quienes combatieron abiertamente la estrategia de aniquilación del adversario y quienes no lo hicieron, aunque tampoco la jalearan. Mundos diversos en los que la Justicia, que ahora ha absuelto a los cinco directivos del medio, no ha gozado del menor crédito, por española. Es hora, pues, de que se resalte su salud y, de paso, se muestre la solidaridad hacia aquéllos (también) periodistas vascos que tuvieron que abandonar su país por las amenazas de ETA.
Chelo Aparicio