La imagen del aquelarre celebrado en la Complutense, con Fernández Toxo y Cándido Méndez actuando de maestros de ceremonias, me ha recordado aquella otra de Girón de Velasco rodeado de sus escuadras con camisa azul mahón y activamente secundado por la facción más agresiva del SEU, bien dispuestos «a lo que haga falta» para presionar allí donde fuese necesario.
La reunión ha supuesto la escenificación del pistoletazo de salida para una campaña perfectamente organizada con el único y exclusivo fin de presionar al Tribunal Supremo para que se avenga a reconocer sin más lo que al parecer constituye el axioma básico de los grupos de extrema izquierda que promueven esta agitación: la inviolabilidad e inmunidad de Baltasar Garzón que, a diferencia de la del Rey, no estaría escrita en la Constitución. Estos grupos de guerrilla mediática han decidido saltarse a la torera la independencia y la sujeción al imperio de la ley que el artículo 117 de la Constitución consagra y han establecido un calendario de movilizaciones hasta el día 22 de abril (por lo menos), en el que el CGPJ debatirá la posible suspensión cautelar de Garzón y han fijado su cuartel general en la Facultad de Relaciones Laborales, muy adecuada para la ocasión.
Es evidente e incuestionable que cualquier ciudadano es absolutamente libre para opinar sobre los jueces y sus resoluciones, sin más límites que los derivados del respeto a la ley. Lo que resulta más dudoso es que unos sindicatos cuya financiación es básicamente pública y cuyo papel en el ámbito económico y social está más fundamentado en su consideración constitucional y legal que en su escasísima afiliación, deban tener como horizonte prioritario la organización de campañas de acoso a la independencia del Tribunal Supremo. Estos dos sindicatos, que tanto se parecen a los verticales por su carácter de organismos semipúblicos y el entusiasmo que despiertan entre la mayoría de los trabajadores, actúan ahora como lo hicieran otrora los sindicatos verticales: como auténticos órganos de presión política que pretenden torcer la recta aplicación de la ley que pueda derivar de las resoluciones de jueces independientes.
Entre las ocurrencias puestas sobre la mesa de la asamblea sindical se ha sugerido la de vetar la posibilidad de iniciar acciones judiciales a asociaciones y partidos políticos legales (que, recordemos, podrían ser ilegalizados a instancia de la fiscalía o del gobierno, si se entiende que vulneran la ley de partidos). Otra contribución ha sido la de un hispanista doctorado en jamón de jabugo que dice que el proceso a Garzón expresa el miedo a afrontar el genocidio, lo cual es chocante si consideramos que el mismo hispanista (¿dónde expiden títulos de eso?) justifica por escrito las matanzas de Paracuellos.
Los debates se deben afrontar con honestidad y, sobre todo, con sinceridad. Si una parte de la izquierda considera que la transición española constituyó un error mayúsculo cuya peor expresión fue la Ley de Amnistía, debe realizar tal formulación de manera abierta y dedicar todos estos esfuerzos de organización de campañas a una orientada específicamente a promover la derogación de la citada ley, no a intentar amedrentar al Supremo. A mí me parece una aberración de dimensiones colosales, pero para eso está la libertad.
Lo peor de todo es que parece que el propio Garzón, que hasta la fecha había mantenido una impecable línea de defensa de su posición jurídica, ha caído en la tentación -según se deduce de su último recurso judicial- de jugar dicha carta de presión política, al apelar a la motivación ideológica que inspira a los querellantes y que, a su juicio, debió llevar al juez instructor a archivar la causa. Es decir, Garzón interpreta que la función de un juez de instrucción es, en primer lugar, evaluar la motivación ideológica de quien pretende iniciar el proceso y, una vez pasado ese filtro, comenzar a investigar los hechos. A lo que se ve, piensa Garzón, que todos son de su condición.
Juan Carlos Olarra