El Partido Socialista espera que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no «tenga ningún problema en aclarar» que no existe ningún conflicto de intereses en el hecho de que Francisco Javier Aguilar Viyuela, marido de la 'popular', tramite licencias de actividad urbanística autorizado por el Ayuntamiento de Madrid. «La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino además parecerlo», advierten desde el PSOE a ESTRELLA DIGITAL. Los socialistas consideran «fundamental» que la delegada del Gobierno salga a «dar la cara» por todos los escándalos que le salpican.
Tal y como adelantó este periódico, la empresa ‘Licencias y certificaciones de Madrid SL’, de la que el esposo de Cifuentes es vicepresidente, es una de las ECLU (Empresa Colaborado de Licencias Urbanísticas) que se creó en 2009 en paralelo a la externalización del servicio que hizo el Ayuntamiento de Ruiz Gallardón tras el 'caso Guateque'. Aunque Aguilar Viyuela no está solo en este oficio. El marido de la Delegada del Gobierno tiene como socios a personalidades conocidas en el aparato del PP de Madrid. Los principales, Rafael Verdes López Diéguez y Gonzalo Martín Borregón García Chica, ambos apoderados de la empresa. Curiosamente Rafael Verdes es el hermano del abogado y afiliado del PP, Esteban Verdes, y por tanto cuñado de la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero.
Aunque los claroscuros en la gestión de Cifuentes al frente de la Delegación del Gobierno no terminan aquí. Ahora no sólo está la cuestión de si existe o no un conflicto de intereses en el hecho de que su marido forme parte de una empresa que se dedica a dar licencias de actividad facultada por el Ayuntamiento de Madrid y en la que participan varias personas cercanas al Partido Popular de Madrid, sino que el Grupo socialista en el Congreso de los Diputados también ha registrado esta misma semana una solicitud de comparecencia en el Parlamento Nacional de la delegada del Gobierno en relación al «espectacular aumento de multas» que se han registrado en el último año en las manifestaciones celebradas en la capital.
Según se desprende de los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior, el departamento que dirige Cristina Cifuentes ha multiplicado por nueve el número de multas impuestas durante las manifestaciones de 2012 respecto a las del año anterior. En 2011, por ejemplo, se impusieron por parte de la Delegación del Gobierno 57 multas por vulnerar los derechos de reunión y manifestación, frente a las 516 que se registraron en 2012. La explicación oficial desde la Delegación del Gobierno de Madrid es el número número de manifestaciones no comunicadas en ese año fueron también aumentaron: 734, una cifra muy superior a las 340 del 2011. No obstante, los socialistas consideran «imprescindible» que Cifuentes pase por la Cámara Baja a explicar estas cifras.
Desde el PSOE aprovechan estos dos casos que salpican a la delegada del Gobierno para recordar los últimos escándalos de los 'populares' -Gürtel o cuentas en Suiza- e insistir en que el partido liderado por Mariano Rajoy «no puede continuar por este camino». «Esperamos que en este campeonato, los 'populares' no sumen otro trofeo de dudoso reconocimiento», zanjan desde el PSOE.