Ningún presidente de la democracia se ha atrevido con esta impopular tarea: elaborar una ley de huelga que sustituya a la norma preconstitucional promulgada en 1977 y regule el derecho de los trabajadores recogido en el artículo 28.2 de la Constitución. Este fue uno de los deberes que los «padres» de la Carta Magna dejaron pendiente al poder Ejecutivo y Legislativo y que nunca se ha llevado a cabo. La mayoría de los mandatarios que han pasado por La Moncloa han mostrado su disposición inicial a abordar el asunto, pero a la hora de la verdad todos han evitado colocarse en la tesitura de tener que enfrentarse a los trabajadores; o lo que es aún peor, pasar a la historia como el presidente que limitó el derecho de huelga, un derecho sagrado para los trabajadores.
Este jueves, sin embargo, el presidente Mariano Rajoy ha anunciado que está dispuesto a cumplir con esta desagradable tarea. En una entrevista concedida a Radio Nacional, y al calor de la polémica revivida tras la última huelga de basuras que ha tenido lugar en la ciudad de Madrid, el líder del Ejecutivo ha avanzado su intención de elaborar una ley de servicios mínimos que permitan «conciliar el derecho de huelga con el respeto a la libertad que tienen los ciudadanos a que se les respete», ha justificado Rajoy. La encargada de esta ardua y controvertida tarea será Fátima Báñez, la titular del Ministerio de Empleo.
El objetivo: conciliar el derecho de huelga con el respeto a la libertad que tienen los ciudadanos a que se les respete
Por el momento, la ley que sigue imperando es la de 1977. Una normativa en la que la única referencia que se hace a los servicios mínimos es la siguiente: «cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas».
El debate no es nuevo. Es habitual encontrar ejemplos en casi todos los gobiernos de los últimos treinta años que les hiciera replantearse esta regulación. Aunque hasta la fecha, el mandatario que más lejos llegó fue Felipe González. Este Gobierno socialista estuvo a punto de cerrar con éxito el mandato constitucional en 1992, después de vivir en sus propias carnes tres huelgas generales. La norma incluso llegó al Congreso de los Diputados en forma de proyecto de ley. Pero un acuerdo de última hora con los sindicatos acabó con el texto inicial. Desde entonces, nadie más se ha visto con la energía suficiente. Todos los presidentes han padecido de huelgas generales y sectoriales, pero todos optaron por no abrir ese melón.
No obstante, la mayoría absoluta del PP, unido a la presión ejercida desde diversos sectores y a las últimas crisis vividas con el Metro de Madrid, los controladores aéreos y las basuras, han envalentonado a Mariano Rajoy, que incluso ya ha encargado que se empiece a «estudiar» el tema. Un asunto muy delicado. La línea que separa el derecho del trabajador a hacer huelga y el derecho del ciudadano a contar con los servicios mínimos es demasiado fina. ¿Quién y cómo se establecerá lo que deben ser los servicios mínimos? Existe un temor generalizado entre los trabajadores a que esta regulación sea restrictiva, es decir, que los servicios mínimos sean tan elevados que anulen el efecto de la huelga, que no es otro que se sienta su ausencia.
Los sindicatos creen que es un anuncio «inoportuno» y en absoluto lo consideran «prioritario»
El anuncio se produjo este jueves; y ya ha habido reacciones para todos los gustos. Los sindicatos creen que es un anuncio «inoportuno» y en absoluto lo consideran «prioritario». Según ha explicado Ignacio Fernández Toxo (CCOO), Rajoy ya sabe de la disposición de los sindicatos desde hace muchos años a «discutir en frío los servicio mínimos en relación con los servicios básicos de la ciudadanía, pero no es al calor de un conflicto y por las presiones de los sectores más extremos de su propio partido que este tema deba resolverse». Una visión que como era de esperar, para nada es compartida por los empresarios. De hecho, el primero en abrir este melón en esta legislatura fue el presidente de la patronal, Juan Rosell, el pasado mes de febrero. Un discurso que volvió a retomar la semana pasada con motivo de la huelga de basuras en Madrid. «No puede ser que una ciudad como Madrid, o Zaragoza o Barcelona, por un problema laboral, tenga consecuencias tanto internas como externas tan importantes», advirtió el empresario.
Aunque en el escenario político el enfrentamiento no es menor. Por un lado se encuentran los fieles partidarios de regular este derecho, el Partido Popular a la cabeza, con sus principales voceros: Ana Botella y Esperanza Aguirre. Aunque en esta lucha también están apoyados por Unión Progreso y Democracia, por CiU y por PNV. Y por otro lado se encuentran sus detractores. Los socialistas, que piensan que es un debate que no «toca» y que es «terriblemente peligroso», puesto que lo que pretende el Ejecutivo de Rajoy son «más recortes y más represión». E Izquierda Unida, que advierte del fin del derecho a la huelga. «Si quiere acabar con la Ley de Huelga, que lo diga claramente», ha proclamado el portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella.
Un peleagudo debate que parece haber cogido forma este jueves, cuando Rajoy no sólo ha defendido la gestión de la alcaldesa de Madrid con la crisis de las basuras, sino que además ha apoyado su principal moción: «poner freno al incumplimiento sistemático de los servicios mínimos que afectan a servicios públicos esenciales».