La jornada contó con la participación de representantes de distintos sectores afectados por la normativa sobre blanqueo, como: entidades financieras (bancos y cajas de ahorro), casinos de juego, aseguradoras, consultores y asesores fiscales, abogados, inmobiliarias o notarios, quienes debatieron sobre distintos aspectos relacionados con el proyecto de ley como el régimen sancionador, las personas expuestas políticamente, la adaptación de la normativa de los nuevos sujetos obligados, las medidas de diligencia debida, la política del conocimiento del cliente o la creación de órganos de control interno de las entidades.
En la inauguración del curso, Ignacio Palicio señaló que «desde el punto de vista del SEPBLAC, notarios y entidades de crédito tienen muy claro cuál es la colaboración y han implantado procedimientos adecuados para la prevención del blanqueo», dijo el director, añadiendo que «la contribución de los sujetos obligados es un pilar importante en nuestro sistema de prevención del blanqueo de capitales. El nivel de cumplimiento de las entidades de crédito y del colectivo de notarios está siendo adecuado y sobre él se basa principalmente nuestro modelo».
Con el fin de intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las administraciones Públicas en la lucha contra los delitos económicos, el Consejo General del Notariado creó en diciembre de 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) en cumplimiento de la Orden EHA/2963/2005.
Para Palicio «esta iniciativa -muy valorada en foros internacionales- ha supuesto un éxito de este canal de comunicación y ha motivado que la nueva ley establezca que órganos similares se puedan extender a otros colectivos colegiados como asesores fiscales o abogados, colectivos con gran atomización que tienen dificultades para cumplir individualmente con las obligaciones de la ley».
Por su parte Juan Antonio Aliaga, responsable de prevención de blanqueo del Consejo General del Notariado explicó en su intervención el funcionamiento del OCP, basado en el Índice Único Informatizado Notarial que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de todas las escrituras públicas permitiendo cruzar la información (respetando lo establecido en la Ley de Protección de Datos) procedente de las cerca de 3.000 notarías del país.