Alberto Ruiz Gallardón, Cristina Cifuentes, Pedro Castro, Manuel Robes, el presidente de Arpegio, dos subalternos de Prada y el jefe de la Policía de Fuenlabrada. Se suman supuestos nuevos espiados al caso del espionaje político de Madrid. Con la última declaración firmada del Guardia Civil imputado José Oreja la lista de los presuntos seguidos dentro de la Comunidad madrileña se amplía a once junto a Álvaro Lapuerta, Manuel Cobo y Alfredo Prada.
De nuevo, un nombre aparece en esa declaración como responsable último de los seguimiento: Ignacio González. Oreja asegura que el actual presidente de la Comunidad de Madrid «tenía especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos». Una acusación muy grave se cierne sobre el número uno del Gobierno regional. ¿Malversó González fondos públicos para seguir a sus adversarios políticos? Esta es una cuestión que únicamente él debe aclarar. Su segundo, Salvador Victoria, ya se ha apresurado a sacar la cara por el líder asegurando que el presidente no conoce de nada a José Oreja. Una justificación que poco tiene que ver con si fue él quien dio órdenes a Sergio Gamón para analizar los movimientos de sus rivales, e incluso compañera política, Cristina Cifuentes.
González debe explicar el caso. Pero no es el único. Según esta última declaración, el actual senador Francisco Granados podría haber conocido las supuestas órdenes que realizaba Ignacio González y haber cometido un delito de omisión al no hacer nada al respecto.
Dos señalados como responsables y ningún paso de la juez en pro de llegar a la verdad. Carmen Valcarce, quien ya ha demostrado su lentitud a la hora de llevar el caso y el desinterés de no llamar a los espiados a declarar, debería inhibirse a favor del TSJM o del Tribunal Supremo para que González y Granados acudan ante los tribunales. Por el momento, ambos, por su condición de aforados como cargo público, están exentos de dar explicaciones ante la ley. Un macabro privilegio que tanto el TSJM o el TS deben anular para resolver si los madrileños están gobernados por una mafia que ordena a golpe de sus propios intereses.
Un último detalle. Esperanza Aguirre, tras su salida como presidenta y su marcha a la empresa privada, ya no es un cargo público.
Editorial Estrella