Mientras la Administración Obama busca grandes ideas para modelar su política exterior, sus funcionarios deberían consultar un libro nuevo que defiende, en la práctica, que el «Destino Manifiesto» de Estados Unidos en el siglo XXI consiste en ampliar al mundo el estándar de nuestra propia Primera Enmienda.
Este manifiesto de defensa de la libertad de prensa lleva el sabroso título de «Desinhibido, robusto y abierto al mundo» y lo firma Lee Bollinger, presidente de la Universidad de Columbia. Le tomé el pelo en un simposio celebrado la pasada semana diciendo que si los periodistas escribieran su propia descripción del panorama de la prensa, llevaría un encabezamiento más sombrío, «Inquieto, ruinoso y en la cuerda floja».
La idea de Bollinger es que en una economía globalizada hacen falta normas que garanticen el libre acceso a la información. Lo que estamos viendo, en cambio, de China a Irán, es una iniciativa encabezada por gobiernos autoritarios destinada a manipular los flujos de información. Esta presión afecta a empresas privadas como Google, y a corporaciones de prensa como The Washington Post. Pero, como dice Bollinger, reviste un gran interés público para el Gobierno estadounidense conservar la información tan libre como sea posible.
«La proyección externa del principio de la libertad de prensa sobre el escenario mundial debe convertirse en un objetivo primordial a medida que sentamos los cimientos de una sociedad global», escribe Bollinger. Argumenta que los ladrillos de tal orden mundial existen ya, en las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, acuerdos de libre comercio y demás pactos. Pero Estados Unidos se ha opuesto moderadamente a algunos de estos foros que podrían proporcionar una mayor apertura, por temor a que otros gobiernos puedan utilizarlos en nuestra contra.
(Dado que ésta es una columna que defiende el aperturismo, debo revelar que Bollinger es directivo de Washington Post Co., y que me envió un borrador del libro hace unos meses para la crítica.)
El libre flujo de información se ha convertido en una variable estratégica decisiva. Por eso los dictadores tienen terror a las llamadas «revoluciones de color» retransmitidas en directo en CNN. Los líderes de Irán saben que si el mundo está conectado en internet, no pueden censurar sin piedad a los manifestantes en las calles. Los líderes chinos temen que si la gente puede buscar en internet libremente a través de Google, el Partido Comunista pierde una herramienta esencial de control.
Sin embargo, la paradoja es que los esfuerzos para controlar la información en la era de internet son inherentemente autodestructivos. Exigen mecanismos de censura progresivamente más elaborados, que tienen el efecto de aislar en la práctica al país de la economía global. Eso podría funcionar en el caso de Corea del Norte, donde la población lleva tanto tiempo aislada que desconoce el mundo que le rodea. Pero no va a servir de nada con iraníes o chinos, que gustan de estar conectados y desean una mayor interacción, no menos.
Los enemigos de la libertad de prensa siguen al pie del cañón, a pesar de que saben que terminarán perdiendo. En el 2001 pregunté a Lee Kuan Yew, el otrora admirable líder de Singapur, por qué se valía de la ley de derecho a la imagen pública entre otras herramientas para censurar la crítica. Reconoció que la censura era contraproducente en tiempos de internet. «O utilizas internet o te quedas atrás», dijo.
Sin embargo, los juristas de su administración siguen expidiendo órdenes judiciales contra las noticias que no son del gusto de sus dirigentes.
Soy escéptico con los motivos que da Bollinger para justificar el apoyo a las corporaciones estadounidenses de información en estos momentos de inquietud financiera. Temo que significaría más «incorporación» entre gobierno y prensa en un momento en que nos hace falta menos. Los periodistas estadounidenses deben proteger su imagen de independencia, dentro y fuera del país; deben asegurar a la gente que se han deshecho de su bagaje personal -nacional, ideológico, cultural y religioso- al convertirse en periodistas. Las subvenciones públicas lo hacen más difícil.
Me inquieta también la regulación internacional de la información o recopilación de actualidad, hasta en nombre de la apertura. Por eso me gustaría ver que los periodistas libramos gran parte de esta batalla solos -junto a los colegas de China e Irán, y un centenar de países entre medias- para proporcionar mayor acceso y apertura.
Pero, como argumenta Bollinger, el Gobierno estadounidense tiene la responsabilidad hoy de proteger el libre flujo de información electrónica, de la misma forma que la Marina estadounidense protege la libertad de navegación en mar abierto. Google no debería tener que librar sus batallas digitales en solitario, ni preocuparse de que si planta cara a la censura, Microsoft le pueda pisar terreno.
El llamamiento de Bollinger a instituir una Primera Enmienda global ha sido tachado de demasiado chovinista. Pero la adhesión del mundo a internet me dice que estamos del lado correcto de la historia en este caso. Internet nació libre, y debemos insistir, parafraseando a los redactores de la Constitución, en que ningún gobierno promulgue ninguna ley que coarte esta libertad.
© 2010, The Washington Post Writers Group
David Ignatius