Mientras Montilla pide la renovación inexcusable del Tribunal Constitucional, Rajoy asegura que hacerlo en este momento sería liquidar su futuro. Lo lamentable de la situación que se ha creado con el Constitucional es que, en puridad, ambos tienen razón. Y, seguramente y al mismo tiempo, ninguno. Varios de los magistrados han terminado su mandato hace años y la falta de renovación, por falta de un acuerdo político (en un sistema de designación política para un órgano politizado), resulta una vergüenza y da como resultado una situación lamentable y extravagante. Hacerlo ahora, para buscar una solución política a una sentencia paralizada por las discrepancias (insisto, con un sistema de designación política para un órgano politizado), sería de una hipocresía tal que la poca credibilidad que le queda al Tribunal quedaría del todo destrozada.
Como, aunque sea importantísimo, el Estatuto de Cataluña no es el único asunto en manos del Alto Tribunal para asegurar a los ciudadanos la legalidad constitucional, la lamentable situación del mismo afecta de modo grave al Estado de Derecho, lo que ya es una triste paradoja. Si Rajoy dice, a mi juicio con razón, que una renovación concebida para resolver un problema (el del Gobierno y sus socios con el Estatuto y su incidencia en la política catalana) sería «un torpedo en su línea de flotación», la del Tribunal, la situación actual -sin sentencia y sin renovación- lo es también en una doble línea de flotación, la del Constitucional y la del propio Estado de Derecho.
Y ya no se sabe, ciertamente, si hay, en estas circunstancias, una solución rápida y razonable. Los llamamientos tanto a dejar trabajar con tranquilidad a los magistrados -que ya es una ridícula paradoja- como a que éstos resuelvan lo del Estatuto de Cataluña con la mayor rapidez son casi un imposible. Cualquier resolución, a favor o en contra, se va a convertir en sospechosa para muchos que, a la vista de lo que conocemos, van a subrayar el aspecto político del hecho en vez de atender a los argumentos jurídicos del mismo, ya sea en la sentencia como en los hipotéticos votos particulares. La renovación de los magistrados, si llega algún día, se contemplara con el recelo de la politización si no se modifica el sistema, que no parece posible por el momento. En definitiva, un desastre.
Pero tampoco hay que olvidar que, en este triste escenario, tienen su cuota de responsabilidad los que piden calma y los que piden prisa, los que lo quieren renovar ya y los que prefieren otro momento, los que votaron en el Estatuto en diversas cámaras y los que lo rechazaron y recurrieron, los que buscaron y eligieron a unos magistrados o a otros. Quizá un poco menos de retórica y un poco más de razonable trabajo podrían, con el tiempo y con dificultades, dar un giro y avanzar hacia otro objetivo.
Germán Yanke